Argentina legaliza el aborto hasta las 14 semanas de embarazo

Los cambios en la composición del Senado y que esta vez el proyecto de ley haya sido enviado por el Gobierno han marcado la diferencia para que la balanza se inclinara a favor de la despenalización del aborto. Pero, sobre todo, fue decisivo el voto favorable de cinco legisladores que permanecían indecisos y que serán recordados por su crucial respaldo en el último momento: Stella Olalla, Alberto Weretilneck, Lucila Crezell, Óscar Castillo y Sergio Leavy.

«Me he dado cuenta de que esta ley no promueve el aborto, solo permite un aborto legal. No se trata de mí, es una situación que le compete a miles de mujeres», aseguraba Leavy mientras Crexell explicaba que aunque «los abortos no deberían existir», son una realidad que no se puede cambiar y «esta criminalización solo pone en riesgo a las embarazadas».

Nada más conocerse el resultado de la votación por voz de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, una multitud de mujeres estalló de alegría a las puertas del Congreso, donde también se habían reunido colectivos antiabortistas. Eufóricas por el histórico logro, las feministas salieron a las calles de todo el país para hacer ondear sus pañuelos verdes, que en estos últimos años se han convertido en su símbolo de lucha. Era el último paso que les faltaba por recorrer después de que el 11 de diciembre la Cámara de Diputados ya avalara la norma con una amplia mayoría.

Hasta ahora en Argentina eran legales las interrupciones del embarazo en casos de violación o que pusieran en peligro la salud de la mujer. El resto de abortos eran un delito penado con la cárcel. Con la nueva ley, sin embargo, las argentinas mayores de 16 años podrán hacerlo de forma segura y gratuita en las 14 primeras semanas de gestación tras firmar un consentimiento informado por escrito.

Uno de los apartados más polémicos era el relativo a la objeción de conciencia del personal médico. Al respecto la ley obliga a todos los hospitales a tener un especialista dispuesto a practicar un aborto y que lo haga en un plazo de diez días tras la solicitud de la interesada. El Gobierno ha impulsado además el 'Plan de los 1.000 días', un paquete de medidas económicas para dotar de mayor seguridad a las mujeres que tengan hijos en un contexto de aguda crisis social.

Mientras el «capitán» de los antiabortistas en el Senado, José Mayans, condenaba que la norma «es la pena de muerte para el niño no deseado», organismos como Amnistía Internacional y líderes políticos extranjeros y aplaudían la histórica medida. Entre ellos, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, quien celebró que «Argentina es hoy una nación más feminista» por convertir en ley «una demanda social».