El anárquico levantamiento del sur de Perú

El clamoroso ruego llega de todas partes: «Detengamos la violencia» en Perú, grita la Defensoría del Pueblo. «El país viene sufriendo 60 muertes en este conflicto, más de 1.500 personas heridas (entre civiles y policías), y cuantiosos daños a la infraestructura y a la economía de las familias. No podemos esperar más». El pueblo reclama diálogo, pero no con la actual presidenta. También exige decisiones inmediatas, dimisiones al instante, elecciones mañana y una Constitución nueva. Todo un pack que el Gobierno de Dina Boluarte no parece estar dispuesto a conceder. Menos bajo una huelga y una marcha que ha llegado a Lima para protestar por todo y con el trasfondo de pedir la liberación de Pedro Castillo, el presidente del sur, de los campesinos e indígenas, en el que creían que iba a terminar con las desigualdades que sufren en comparación con el centralismo de la capital, pero el mismo que al verse acosado por un Congreso que lo persiguió desde que fue elegido intentó perpetuarse en el poder dando un extraño y fracasado golpe de Estado.

Desde que Castillo fue destituido y encarcelado, Perú arde. La mayoría de muertos los están poniendo las regiones más marginadas, las mismas que no se detienen a la hora de bloquear vías principales del país en una movilización que el martes pasado llegó a la capital, todo bajo el lema: 'La toma de Lima'. Son campesinos y también estudiantes que no tienen miedo a los enfrentamientos con una policía dura hasta el punto que después de los ataques recibidos por los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la principal de Lima, la presidenta pidió perdón por la intervención policiaca: «Quizás la forma no fue la más adecuada y por eso pido disculpas», dijo en rueda de prensa con periodistas extranjeros el pasado martes.

La movilización se produce por convocatorias de comités de lucha de las distintas regiones, desde Arequipa, Cuzco, Apurimac, la Confederación General de Trabajadores del Perú, frentes de defensa, movimientos universitarios, comités anticorrupción. No hay un líder que centre el protagonismo, que dirija, aunque el gobierno está convencido de que todo el movimiento es una maniobra de Pedro Castillo que lo pilotaría desde la cárcel en la que está encerrado.

La historiadora Natalia Sobrevilla, en conversación telefónica con este periódico comentó que, a su juicio, «no todo está organizado. Hay una combinación, y gran parte del problema es que hay múltiples voces. Diferentes organizaciones. Esta semana se han organizado los frentes estudiantiles, federados, no solo en las universidades públicas y nacionales sino en las privadas también. Hay un gran rechazo a lo sucedido en la Universidad de San Marcos, pero es solo un sector, que son los estudiantes. Por otro lado, están los miembros de las economías ilegales, que también movilizan gente, los sindicatos, los comités de madres de familia, de autodefensa, organizaciones vecinales. Hay una diversidad muy grande de actores, alguno más que otros. Es mucho lo que nos queda por entender de cómo funciona la movilización en estos momentos».

Eso sí, las huelgas y las marchas cuentan con el apoyo de los congresistas de la oposición, aliados del ex presidente de Perú, que duró poco más de un año en el poder, durante el que fue acosado con continuas mociones de censura y tuvo poco margen para gobernar realmente. Entre esos políticos figuran Flavio Cruz, Wilson Quispe, Vladimir Cerrón, todos ellos de Perú Libre, el partido de Castillo. Edgar Raymundo, de Cambio Democrático, y Guillermo Bermejo, de Perú Democrático. Cruz llegó a pedir la renuncia del gabinete de Dina Boluarte por su ineficacia para mantener la paz en el país. Raymundo lanzó en una sesión del Congreso la frase de que «Boluarte tiene más muertes que días en el Gobierno». Bermejo dejó otro dardo: «El Gobierno no tiene la razón ni tiene al pueblo».

José Luis Chapa, ex secretario de la Federación General de Trabajadores de Arequipa (FDTA) que agrupa a unos 30.000 trabajadores, fue el encargado de leer a la prensa la decisión que habían tomado de convocar la huelga, de considerar a Dina Boluarte una usurpadora del poder y que por lo tanto no aceptarían ningún diálogo con ella, y sí, en cambio, iban a pedir que fuera sancionada penalmente por las personas que fueron asesinadas a finales de diciembre.

Deysi Condón Arica, presidenta de la Asociación de Defensa y Desarrollo del Lago Titicaca y sus afluentes de las plantas de aguas residuales de la región de Puno, otra de las activistas implicadas en las movilizaciones, señaló que «estamos cansados del atropello de este Gobierno y de este Congreso que no nos representa». Otros siete dirigentes del Sur -Arequipa, Cuzco, Puno, Moquegua, Apurimac, Ayacucho y Madre de Dios- que reiniciaron las protestas el pasado 4 de enero también piden la convocatoria de elecciones, la renuncia de Boluarte y la liberación de Pedro Castillo.

Sobre las peticiones de diálogo que no se producen, Sobrevilla sostiene que esta posición resulta tan frustrante como interesante. «Por un lado, la presidenta Dina Boluarte habla de querer entrar en diálogo pero no considera que los interlocutores sean válidos. Hemos visto cómo el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tomó una iniciativa de aceptar a los estudiantes en su campus, rechazó la entrada del Ejército el sábado pasado, algo muy diferente a lo que hizo la rectora de la de San Marcos con anterioridad, y ahora ha sido reclamado al Congreso para tomarle declaración. Se le estigmatiza cuando ha sido una de las pocas voces que se ha levantado de una manera coherente para pedir diálogo. Tampoco existe con los presidentes regionales, a los que un importante miembro del gabinete ha calificado de terroristas. No se habla de una manera horizontal, sino vertical, con lo cual el diálogo se hace muy difícil. Tampoco se ha aceptado la mediación de los obispos ni de las iglesias, tanto católica como protestante, y no se ve realmente un afán o interés por dialogar. Alguno de los manifestantes tampoco tiene esa intención porque considera que sería un diálogo con personas que las han baleado. En Puno, por ejemplo, es muy difícil pensar en un diálogo con las autoridades que han estado apuntando con sus pistolas. Se necesitan interlocutores pero no se ven que sean considerados válidos por uno o por otro lado».

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa Saldaña es de la misma opinión: «Hemos soltado al campo a gente con mucha indignación, pero sin un liderazgo claro. Los exponemos a que vayan como carne de cañón a enfrentar lo que no han conseguido desde sus localidades, sin una direccionalidad muy clara y no sabemos cuánto tiempo sigan resistiendo los ataques que reciben, unos justos y otros, injustos».

El ex congresista de la región de Puno y miembro de Nuevo Perú, y también analista político, ha exigido que el gobierno cese la represión porque ese no es el camino a las demandas del pueblo movilizado: «La crisis política social que vivimos se está profundizando porque quienes gobiernan actúan al servicio de unas minorías sociales privilegiadas y consideran a quienes reclaman el ejercicio de sus derechos, como enemigos y los llaman 'terroristas'».

No existe sin embargo entre los peruanos , y a pesar de lo que pueda parecer desde el exterior, la sensación que todo este proceso de protestas y disturbios pueda acabar en una guerra civil. «Lo que vemos ahora es que los grupos manifestantes no intentan desarticular el Estado, que era lo que pretendía Sendero Luminoso. Vemos llamamientos a una Asamblea Constituyente, peticiones de que se escuche a las regiones, son incluso exigencias de una mayor representación. Estamos ante personas que reclaman su lugar en la democracia peruana y eso es muy diferente de lo que sucedió en los años 80, donde los terroristas atentaban contra la democracia o contra cualquier sistema representativo», sostiene Natalia Sobrevilla.

Acabar con la desigualdad es el objetivo de la revuelta que vive Perú. El pasado martes hubo una marcha en la zona más elegante de Lima, donde muchos campesinos demandaron igualdad. Perú se encuentra ante una reclamación de justicia social, después de muchos años de crecimiento económico con unas desigualdades espeluznantes. «El hambre y la miseria no se combaten con balas», escribió Gerónimo López, secretario general de la CGTP.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, permanece aparentemente impasible pese a la crisis, pero el pasado viernes instó al Congreso a que apruebe un adelanto electoral para 2023, pese a que está previsto que haya comicios generales en abril de 2024, como medida para salir de la crisis que atraviesa el país. Una primera respuesta a las demandas de las protestas que puede servir para intentar calmar un país incendiado.

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