El Gobierno defiende que el golpe en Brasil se juzgaría como rebelión en España

El intento de socavar la legalidad en el país latinoamericano ha provocado que los populares pongan el foco de nuevo en cómo, a su juicio, el líder socialista ha dejado indefenso al Estado ante situaciones como la producida en Brasil una vez derogado el delito de sedición del Código Penal. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, publicó el mismo domingo por la noche un tuit asegurando que el episodio en el país latinoamericano solo supondría un delito de desórdenes públicos en España debido a la reforma del pasado mes.

El presidente del Gobierno se limitó hoy a advertir que los hechos de Brasil recuerdan que «la mayor amenaza que tienen la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo». Pero el resto de miembros de su Ejecutivo sí que mostraron un tono mucho más beligerante con los populares. El titular de Exteriores, José Manuel Albares, fue el primero en salir al paso y tildar de «lamentable» la primera reacción de los de Alberto Núñez Feijóo en forma de tuit de Gamarra. «Me ha preocupado mucho que el principal partido de la oposición no tenga nada que decir respecto a la ultraderecha».

La portavoz socialista, por su parte, hacía referencia a uno de los reproches que con más frecuencia han empleado desde el Ejecutivo contra los de Génova en la actual legislatura. «Feijóo no reconoce la legitimidad de este Gobierno», decía Pilar Alegría antes de apuntalar también el argumento expuesto por Ribera minutos antes. Según la dirigente del PSOE, situaciones como la de Brasil no están despenalizadas en España y entrarían dentro del delito de rebelión: «Pensaba que se conocían mejor el Código Penal, les insto a que se lean el artículo 472 del mismo».

Desde el Ejecutivo tratan así de despejar cualquier atisbo de duda acerca de si el Estado se encuentra desprovisto de herramientas para defender la legalidad. Una acusación que PP, Vox y Ciudadanos han denunciado de forma insistente desde que el Gobierno eliminase el delito de sedición y rebajase el de malversación para contentar a sus socios de ERC y beneficiar a algunos de los principales condenados por el 1-O.

Los de Santiago Abascal, que se habían mantenido en silencio al principio y que comulgan con las corrientes de extrema derecha de distintos países, condenaban hoy «toda la violencia», pero denunciaban que en España se «indulta a quienes dan un golpe contra la unidad nacional». La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también incidía en la importancia de «proteger la democracia con una legislación a la altura».

La clave para diferenciar entre el delito de rebelión y el de sedición está en el uso de la violencia. El primero de ellos castiga a quienes se alcen violenta y públicamente para, entre otros objetivos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional; mientras el segundo estaba tipificado como un delito contra el orden público para el cual era necesario alzarse pública y tumultuariamente para impedir, fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes». En España, hasta el momento, solo se ha condenado por rebelión a Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch, autores del intento de golpe de Estado de 1981. Los líderes del 'procés' fueron procesados en un primer momento por rebelión, aunque finalmente el Supremo acabo condenándolos por sedición y malversación.