Alan García, última víctima de una trama corrupta que ha costado ya varias vidas

Seis días antes de que el superintendente de Odebrecht en el país andino, Jorge Barata, se presente a declarar ante los fiscales para revelar todo lo que sabe sobre el pago de sobornos, el exmandatario, acorralado por la justicia, se disparó un tiro en la cabeza y murió pocas horas después en un hospital.

García era investigado por sospechas de blanqueo de activos, tráfico de influencias y colusión en las obras de un ramal del tren de Lima que realizó Odebrecht. Colaboradores suyos, detenidos el miércoles, están acusados de haber recibido sobornos de la multinacional brasileña y se sospecha que ese dinero pudo ser desviado al expresidente.

El dramático final de García, que gobernó Perú entre 1985 y 1990 y entre 2006 y 2011, se suma a otros episodios espeluznantes de los últimos meses ocuridos en Colombia, también relacionados con la investigación sobre Odebrecht. En noviembre de 2018 murió un testigo clave de la causa de sobornos para la construcción de una carretera por parte de la firma brasileña junto a empresas locales.

El testigo era Jorge Enrique Pizano, un ingeniero de 57 años que diseñó la obra. Falleció de un infarto en su casa de Bogotá mientras se afeitaba. Tres días después su hijo Alejandro, de 30 años, -que había venido de Barcelona para el funeral de su padre- también murió. En su caso envenenado con cianuro camuflado en una botella de agua que estaba en el despacho de su padre y de la que bebió. Su padre colaboraba con los fiscales que investigaban el pago de 30 millones de dólares (26,7 millones de euros) en sobornos de la brasileña.

Al mes siguiente se suicidó -también con cianuro, según confirmó la Fiscalía- otro testigo clave del caso, el exsecretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, Rafael Merchán. Era otro exfuncionario dispuesto a revelar información sobre la concesión de los trabajos de construcción de la Ruta del Sol.

Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó 788 millones de dólares (701,6 millones de euros) en sobornos en doce países de América Latina entre 2001 y 2015.

En Perú, la mancha venenosa de la constructora brasileña no termina con García, sino que está expandida y amenaza a otros expresidentes y aspirantes a la máxima magistratura. Pedro Kuczynski, que había asumido la presidencia a mediados de 2016, renunció en marzo de 2018 para evitar ser destituido por un escándalo de corrupción.

Este mes fue detenido, acusado de recibir cinco millones de dólares (4,4 millones de euros) de Odebrecht para la construcción de una ruta interoceánica entre su país y Brasil cuando era ministro de Economía del presidente Alejandro Toledo. El miércoles Kuczynski -de 80 años- debió ser hospitalizado por un pico de presión y fue sometido a un cateterismo cardíaco.

Ollanta Humala, su antecesor, también estuvo preso junto a su esposa por blanqueo de activos, acusado de recibir tres millones de dólares (2,6 millones de euros) del gigante brasileño para la campaña presidencial. El dueño de Odebrecht, detenido en Brasil, admitió haber autorizado el pago. Un tribunal le revocó la prisión meses después pero el exmandatario (2011-2016) sigue bajo investigación.

Alejandro Toledo, que dirigió el país andino entre 2001 y 2006, también se enfrenta a problemas judiciales por este caso. Está prófugo en Estados Unidos, a la espera a que se decida sobre su extradición. La Fiscalía lo acusa de recibir sobornos por 20 millones de dólares (17,8 millones de euros) para la construcción de la carretera interocéanica, la obra en la que está involucrado Kuczynski.

Finalmente, la candidata a la presidencia Keiko Fujimori -hija del exmandatario Alberto Fujimori, que está en prisión- fue detenida en octubre por obstrucción a la justicia. Está acusada de blanquear 1,2 millones de dólares (un millón de euros) de Odebrecht para su campaña presidencial. En marzo, la hija de Fujimori se negó a declarar y estte jueves envió sus condolencias desde prisión a la familia García.