Confirman la segunda vuelta en las elecciones de Ecuador

En una cadena nacional, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, señaló que con el 99,5% de las actas de escrutinio procesadas, Moreno alcanzó el 39,3%, mientras que Lasso el 28,1%.

La normativa electoral ecuatoriana establece que, para lograr la presidencia en primera vuelta, un candidato requiere de la mitad más uno de los votos o, al menos, un 40%, con una diferencia de diez puntos porcentuales respecto al segundo más votado.

Por ello, Pozo indicó que a partir de mañana jueves el CNE comenzará a organizar la segunda vuelta electoral, que se celebrará el domingo 2 de abril.

El anuncio del titular del CNE puso fin a una situación de tensión por el reclamo de los seguidores de Lasso, que habían establecido una "vigilia" en las inmediaciones de la sede del Consejo, en Quito, para exigir la segunda vuelta, petición sazonada con sospechas de un supuesto "fraude".

Pozo defendió la institución electoral que dirige "cuyas resoluciones son legales y autónomas", dijo.

"Nuetras resoluciones jamás serán el resultado de condicionamientos, presiones o violencia", agregó, y aseguró que el CNE continuará trabajando de acuerdo con la Constitución y al Código de la Democracia "para garantizar la voluntad ciudadana expresada a través del sufragio".

El titular del CNE hizo público el anuncio después de revelar ayer que era imposible un cambio en la "marcada" tendencia que señalaba el escrutinio de los votos.

El presidente del país, Rafael Correa, por su parte, admitió hoy, antes del anuncio de Pozo, que habrá una segunda vuelta de las elecciones Presidenciales y dijo que confía en una nueva victoria del oficialismo, como la del domingo, cuando sacó un millón de votos más que la oposición.

Cerca de 12,8 millones de ecuatorianos fueron convocados a las urnas el domingo para elegir al presidente y al vicepresidente, a los 137 legisladores de la Asamblea Nacional y a cinco parlamentarios andinos.

También se pronunciaron en una consulta popular sobre una iniciativa del Gobierno que busca prohibir que los cargos de elección popular posean bienes en paraísos fiscales.