Brasil perfila un plan de seguridad para contener su crisis carcelaria

Temer habló por primera vez en público sobre esa masacre, a la cual se refirió como un "accidente pavoroso", y se solidarizó con los familiares de las víctimas tres días después de que concluyera la sangrienta rebelión en el complejo penitenciario Anísio Jobim. Tal matanza, la segunda mayor de la historia carcelaria de Brasil, activó las alarmas del Gobierno, lo que llevó a Temer a reunir a su gabinete para analizar la aguda crisis del sistema penitenciario.

El jefe de Estado recordó que la seguridad de los presidios depende de los gobiernos regionales, pero resaltó la "necesidad imperiosa" de que el Ejecutivo federal participe del control de las prisiones, las cuales sufren graves problemas de hacinamiento denunciados por organizaciones de derechos humanos. "Se trata de un problema nacional y se está perfilando un plan de seguridad pública para resolverlo", reconoció Temer.

El titular brasileño de Justicia, Alexandre de Moraes, detalló tras la reunión del gabinete el contenido del plan, que se centrará en tres puntos fundamentales: la reducción del número de homicidios, la lucha contra el tráfico de drogas y armas y la modernización de los presidios.

Según el ministro, el crimen organizado será combatido tanto fuera como dentro de los prisiones para frenar las disputas entre bandas rivales que están causando matanzas en las cárceles, como la de Manaos, y la muerte por término medio de un preso al día en Brasil.

Precisó que, además de las operaciones conjuntas de control en las fronteras que fueron acordadas en una reunión el año pasado con representantes de los países del Cono Sur, se constituirán núcleos de inteligencia en las grandes ciudades de Brasil.

El responsable agregó que el combate al crimen organizado contará con la colaboración del Ministerio de Defensa, que instalará modernos radares en todas las fronteras del país para reprimir el tráfico de armas y drogas, y apoyará logísticamente operaciones en áreas de difícil acceso, como la Amazonía.

En cuanto a la modernización del sistema penitenciario, afirmó que el Gobierno construirá cinco nuevas cárceles federales de máxima seguridad para los presos más peligrosos, las cuales se sumarán a las cuatro ya existentes, y que ya se han liberado recursos para que cada uno de los veintisiete estados levanten al menos un nuevo presidio.

Temer tildó este jueves de "inconstitucional" el hecho de que presos "con grandísimo potencial ofensivo" compartan espacio con reos condenados por delitos menores e insistió en la necesidad de que sean separados.

Sobre la tragedia ocurrida en la cárcel de Manaos, el mandatario recordó que la gestión del complejo estaba en manos de una empresa privada y, por esa razón, "no hay una responsabilidad muy clara, objetiva, definida de los agentes estatales".

Según las primeras investigaciones, la matanza ocurrió después de que la facción Familia do Norte (FDN), un grupo criminal que domina el tráfico de drogas en la región de la Amazonía, atacara a algunos miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal y con base en Sao Paulo. Integrantes de la FDN, aliada de la facción Comando Vermelho (CV), asesinaron -con decapitaciones y descuartizamientos- a sus rivales, así como a otros presos, entre ellos violadores.

Además de las muertes en ese penal, otras cuatro personas fueron asesinadas entre el 1 y el 2 de enero en la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), en la zona rural de Manaos, lo que elevó el balance final a sesenta muertos. También se produjo una fuga masiva de 184 internos de diferentes cárceles de la capital de Amazonas, de los cuales 65 ya han sido capturados por las autoridades.

Informes del Gobierno de Amazonas indican que las autoridades regionales conocían los planes de los reos para una posible fuga, pero, según argumentaron, las subestimaron porque todas las semanas reciben alertas de evasiones.

Ante la gravedad del incidente, la presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Carmen Lucia Antunes, se reunió este jueves con un grupo jueces de la región norte del país, donde se encuentran las cárceles más violentas de Brasil. Tan solo en octubre del pasado año, veintidós presos murieron en motines de los estados de Roraima, Rondonia y Acre.