Toma de embajada de Japón en Perú: un caso abierto, 20 años después

La toma terminó el 22 de abril de 1997, con la operación "Chavín de Huantar", cuando una fuerza de élite del ejército rescató a los últimos 72 rehenes. La acción dejó 17 muertos: un cautivo, dos militares y todos los 14 guerrilleros que ocupaban la sede diplomática. Fue el fin del MRTA y el inicio de una pesadilla para los militares.

Dos décadas más tarde aquellos militares siguen investigados por la justicia, a pesar de que son considerados como héroes por autoridades y una mayoría de peruanos, debido a la sospecha de que hubo ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros una vez que se recuperó la residencia.

La justicia peruana tiene pendiente desde el 29 de junio de 2015 ordenar un nuevo juicio para resolver si hubo una ejecución extrajudicial, según un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Una sentencia de la Corte Interamericana reconoce que hubo un crimen sin sancionar, que no se respetó el debido proceso y ordenó otro proceso contra las Fuerzas Armadas. Pero esa investigación en curso no tendrá nunca respuesta porque no va a pasar nada", aseguró el abogado en derechos humanos Carlos Rivera, quien lamenta las presiones políticas sobre el caso.

Esa sentencia admite que, al menos en el caso de uno de los miembros del MRTA, existen testimonios de que murió después de ser detenido. Organizaciones de derechos humanos aseguran que se ejecutó a tres. Los militares sostienen que los del MRTA murieron en combate. "A ustedes comandos, no solamente los felicito sino les pido las disculpas del caso en nombre del Perú. Cuántos años ustedes y sus familiares han tenido que estar con la cabeza baja, maltratados, también por la prensa", dijo el martes el cardenal Juan Luis Cipriani, durante un homenaje en una universidad.

Cipriani, cabeza visible del ala dura de la iglesia católica, fue uno de los protagonistas de la crisis en su papel de mediador -designado por el Vaticano- entre el gobierno y el comando del MRTA que dirigía Néstor Cerpa. Sus palabras parecían sintonizar con un pedido del presidente Pedro Pablo Kuczynski, un exbanquero de Wall Street y liberal de derecha. "Tenemos que pedirles a las autoridades judiciales que apoyen el esfuerzo que hace la policía (...) terminando de una vez por todas los juicios que vienen de años atrás contra servidores de la policía y la fuerza armada, que hicieron un enorme esfuerzo contra el terrorismo y que hoy varios de ellos siguen castigados por este esfuerzo que hicieron, esto es inadmisible", dijo Kuczynski el 9 de diciembre.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tuvo un rol clave en la crisis más llamativa en la que se ha visto envuelto durante las más de tres décadas de actividades en Perú, señaló Silvana Mutti, jefa de la delegación regional. "Desde el punto de vista mediático fue una situación bien especial, estuvimos muy expuestos pero la base de nuestra acción en esa crisis era facilitar el acceso a la ayuda humanitaria con alimentación, agua, ropa, baños portátiles", recordó Mutti, evocando la labor que cumplió el CICR cuyo jefe de entonces, Michel Minnig, fue rehén y luego un mediador que permitió evacuar a 549 rehenes, durante el primer mes de cautiverio. "Se facilitó el intercambio de nueve mil mensajes entre rehenes y familiares, escritos a mano y revisados por el MRTA y el gobierno", rememora Mutti.

Minnig, hoy jubilado, asistía a la recepción y llevaba en su bolsillo un brazalete del CICR, que le permitió tomar la iniciativa de ofrecerse como mediador al inicio de la toma de rehenes. "Siempre lo llevo conmigo cuando voy a recepciones, nunca se sabe en que momento puede ser útil", rememora Mutti.