La Fiscalía brasileña abre un cuarto proceso judicial contra Lula da Silva

La investigación sobre el exmandatario, que ya tiene abiertos otros tres procesos diferentes en su contra, apunta irregularidades en la compra de 36 cazas por parte de las Fuerzas Aéreas Brasileñas (FAB).

La Fiscalía considera, asimismo, que existen indicios de irregularidades en la prórroga de incentivos fiscales a la industria automotriz mediante un decreto dictado por el Gobierno de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff.

Los delitos se habrían producido entre 2013 y 2015, años después de que Lula abandonara la jefatura del Estado, lo cual no le habría impedido influir en el Gobierno con el objetivo de beneficiar a diversas empresas.

"La Fiscalía sostiene que la promesa de interferir en el Gobierno realizada por parte del expresidente Lula benefició a su hijo, Luiz Cláudio", señaló la denuncia.

A cambio de estas maniobras, las compañías habrían pagado 2,5 millones de reales (unos 740.000 dólares) al hijo del expresidente, lo que supondría la mayor contraprestación ilícita detectada hasta el momento en el marco de la Operación Zelotes.

Por su parte, los abogados de Lula rechazaron la apertura de este nuevo proceso y señalaron en un comunicado que la denuncia "está basada en procedimientos que fueron tramitados de forma oculta y sin acceso a la defensa".

"Ni el expresidente Lula, ni su hijo, participaron o tuvieron algún conocimiento de cualquier acto relacionado con la compra de aviones caza de la empresa sueca SAAB, tampoco de la prórroga de beneficios fiscales" a la industria automovilística, afirmaron los abogados Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira.

Además, subrayaron que las acusaciones contra Lula "ponen en jaque a las Fuerzas Armadas Brasileñas" y "ataca" a todo el Parlamento del país, así como a las autoridades que participaron de esas acciones.

Los abogados reiteraron su denuncia a la Fiscalía por usar "las leyes y los procedimientos jurídicos como una forma de perseguir a Lula y perjudicar su carrera política" y acusaron al ente de hacer del caso "un espectáculo mediático en detrimento de la defensa".

Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2011, se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos por recibir presuntos pagos y favores de sendas constructoras, y en el tercero por haber tratado de acallar a un testigo que le señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó la petrolera estatal Petrobras durante al menos una década.