La Fiscalía pide investigar a Rousseff por obstrucción a la Justicia

Esta es la primera vez que el Ministerio Público pide autorización para investigar a Rousseff, que hasta el momento no había sido investigada por ningún cargo de corrupción. Ahora el Tribunal Supremo deberá decidir si acepta la petición y la mandataria se convierte oficialmente en investigada.

En el centro de las sospechas vuelve a estar la fallida designación de Lula como ministro jefe de su gabinete, que para la Fiscalía pudo tener como objetivo "desordenar" las investigaciones sobre el expresidente (2003-2010) que llevaba a cabo el magistrado de primera instancia Sergio Moro.

Encargado de juzgar el multimillonario fraude en Petrobras, y convertido ahora en un símbolo de la lucha anticorrupción, el propio Moro divulgó horas después del nombramiento una conversación grabada entre Rousseff y Lula, que según la Fiscalía podría ser un indicio de los motivos reales de la designación. La presidenta siempre ha asegurado, sin embargo, que invitó a su predecesor a su Gobierno por motivos estrictamente políticos, en un momento de estampida de aliados.

Al borde de la destitución

Este nuevo golpe lleva a Rousseff más cerca del precipicio que nunca, justo una semana antes de que el pleno del Senado decida si la aparta 180 días de su cargo para dar inicio a su juicio de destitución.

La tarde, sin embargo, ya había comenzado muy mal para Lula y su sucesora. Primero se supo que la Fiscalía había solicitado permiso al Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar al expresidente por posible corrupción junto a tres ministros del gabinete de Rousseff y a otras 27 personas. "El pedido es para agregarlos a la principal investigación (de la causa que investiga el megafraude en Petrobras) que es sobre organización criminal. Si es aceptado habrá más de 70 personas en el mismo proceso", dijo un asesor del STF.

La petición de Janot incluyó a los principales estrategas políticos de Rousseff y del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT): el jefe del gabinete personal de la Presidencia, Jaques Wagner; el ministro de la secretaría de Gobierno, Ricardo Berzoini y el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva.

"En el ámbito de los integrantes del PT, los nuevos elementos probatorios indican que actuó una organización criminal de forma vertical, con un alcance más bien amplio de lo que se imaginaba en principio y con una enorme concentración de poder en los jefes de la organización", escribió Janot en la solicutud, según el diario 'Folha de Sao Paulo'.

Fueron incluidos asimismo el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, enemigo acérrimo de la presidenta y arquitecto del 'impeachment' que la dejó a las puertas de perder su mandato, y el senador Jader Barbalho, ambos del partido PMDB del vicepresidente Michel Temer. Cunha ya está siendo juzgado por el máximo tribunal del país, acusado de haber recibido al menos cinco millones de dólares de la causa Petrobras.

El PMDB quedaría como principal partido de gobierno si el Senado da luz verde al juicio político contra Rousseff la semana próxima, como anticipan sondeos y analistas.

"Las pruebas recogidas indican que había una subdivisión interna de poder entre el PMDB en la Cámara de Diputados y en el Senado (...). Por lo que parece, actuaban de forma autónoma, tanto en relación a las indicaciones políticas para componer los cargos relevantes en el gobierno, como en el destino de los sobornos recaudados a partir de negocios oscuros", escribió el fiscal Janot.

La 'Operación Lava Jato'

La solicitud se produce un día después de la solicitud de la Fiscalía para investigar al senador Aecio Neves, líder de la oposición y excandidato presidencial, por un caso derivado del escándalo que drenó miles de millones de dólares de la petrolera estatal.

Todos los mencionados están ligados a la investigación llamada 'Operación Lava Jato' que reveló un monumental fraude a la estatal Petrobras para financiar partidos y enriquecer a los participantes, y que ya sentó en el banquillo de los acusados a parte de la élite empresarial, financiera y política de Brasil.

Ese esquema costó más de 2.000 millones de dólares en pérdidas a Petrobras y erosionó la base política del Gobierno, ya que varias figuras del PT quedaron involucradas o están presos, como el exjefe de gabinete de Lula, José Dirceu.