La oposición dirigirá la comisión que decidirá sobre el 'impeachment' a Rousseff

El cargo de instructor, que elaborará un informe que recomendará procesar a Rousseff o archivar el caso, ha recaído en Antonio Anastasia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), elegido en medio de la queja generalizada del oficialismo. El Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, ha alegado que un senador del PSDB, el más férreo opositor al Gobierno, no tendría la "imparcialidad" necesaria para la redacción de ese informe, pero la oposición se ha impuesto y Anastasia ha sido respaldado por 16 votos, frente a sólo cinco en contra.

Según el senador Linderbergh Farías, del PT, la elección de Anastasia "es una provocación" y "mancha desde el primer día el trabajo de una comisión que tiene que decidir el futuro de una presidenta elegida con 54 millones de votos".

Plazos

La comisión, formada por 21 senadores de todos los partidos con representación en la Cámara Alta, tendrá diez días para debates, en los que serán escuchados tanto los responsables de la acusación, que se fundamenta en maniobras fiscales irregulares, como de la defensa de Rousseff, representada por la Abogacía General del Estado. Concluidos los debates, será votado el informe que elaborará el instructor, que en caso de ser aprobado y recomendar la apertura del juicio político contra Rousseff pasará al pleno del Senado.

Si en esa instancia, la mayoría simple de los 81 senadores (41 votos) se inclina por la instauración del proceso, la mandataria será separada de su cargo durante los 180 días que puede demorar el proceso y sería sustituida durante ese período por Temer. En caso de que el juicio concluya con la destitución de Rousseff, el actual vicepresidente deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019.

Decenas de senadores, bajo el escrutinio judicial

Reelegida en 2014 por un estrecho margen, Rousseff debería concluir su mandato en 2018, pero su desgaste político, la recesión económica y el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras dieron forma a una crisis política que ha terminado paralizando su segundo gobierno, iniciado hace 15 meses.

Sus detractores la acusan de maquillar las cuentas públicas en año electoral, algo que ella desmiente alegando que incurrió en prácticas contables legales y utilizadas por sus antecesores. Rousseff y su Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) sostienen que son víctimas de un "golpe" parlamentario orquestado por la oposición y el centrista PMDB, exaliado clave de Rousseff durante los últimos cinco años, pero que en marzo decidió abandonar la coalición de gobierno y precipitó una desbandada de otros partidos en el Congreso.

La primera mujer presidenta de Brasil defiende que no existe ninguna investigación por corrupción en su contra, al tiempo que numerosos legisladores favorables a destituirla enfrentan procesos legales ante la Corte Suprema. Al menos 45 de los 81 senadores que ahora deberán analizar las denuncias contra la presidenta enfrentan una o más demandas judiciales fuera del área privada en algún tribunal de Brasil, según la ONG Transparencia Brasil. Doce de ellos son investigados por la Suprema Corte vinculados al megafraude en Petrobras, incluidos el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el expresidente de Brasil y actual senador Fernando Collor de Melo, de acuerdo con la web Congresso Em Foco, especializada en el poder legislativo brasileño.