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COLPISA / AFP
Miércoles, 24 de febrero 2016, 18:21
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se enfrenta este miércoles a la primera huelga de alcance nacional de funcionarios en rechazo a miles de despidos de empleados públicos. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con 240.000 afiliados en todo el país, organizó la ... jornada de protesta a la que adhirieron los dos sectores en que se divide la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y también de varias formaciones de izquierdas. El mitin, además, desafió un nuevo protocolo de seguridad que reprime los cortes de calles.
"El argumento para echar a 'ñoquis' (el término empleado en Argentina para referirse a trabajadores públicos que cobran un sueldo sin trabajar por él) ya no se lo cree ni el gobierno. Sólo reducen personal", dijo a la prensa Hugo Godoy, líder de ATE. El gobierno macrista había sostenido que los despidos que ha ejecutado desde que llegó al gobierno el pasado 10 de diciembre afectan a "ñoquis" y militantes del kirchnerismo.
Visita de François Hollande
La movilización por avenidas hacia la Plaza de Mayo desafió el nuevo protocolo gubernamental de seguridad, que otorga cinco minutos para despejar la calle a quien se manifieste sin permiso antes de iniciar una represión. En la protesta no participó la mayoritaria central obrera, CGT, de extracción peronista.
Manifestantes comenzaron bloqueando céntricas esquinas de la capital argentina sin que la policía interviniese para dispersarlos, vencidos los plazos de tolerancia que impone el nuevo protocolo, según mostraron imágenes de televisión. Tras negociaciones de autoridades con los líderes de la protesta, los manifestantes liberaron uno de los carriles de la avenida para permitir el tránsito e iniciaron una lenta marcha hacia el Obelisco donde convergieron distintas columnas.
La concentración en la Plaza de Mayo coincide con la visita oficial del presidente de Francia, François Hollande. El gobierno cifró en 6.200 los despidos hasta el momento, pero fuentes sindicales aseguran que superan los 20.000 y es sólo el comienzo de un plan de mayor magnitud.
Un protocolo «inconstitucional»
La jornada, con cese de actividad en toda la administración nacional, es además una protesta contra el polémico protocolo anunciado la semana pasada que limita las protestas sociales, por lo que recibió el apoyo de diversos sectores.
Esta nueva normativa, además, se ha dado a conocer en un momento plagado de protestas vecinales por cortes de energía y en medio de la crispación social por los aumentos de tarifas de electricidad, una inflación mayor a 30% anual en 2015 y puja sindical por aumentos de salarios superiores a 30% en 2016. "Este protocolo es muy grave, es ilegítimo y anticonstitucional, todos sabemos como termina esto, con represión y muertos", dijo la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Myriam Bregman, al canal TN.
El protocolo se presentó a bombo y platillo la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que este miércoles estaba en Washington con una agenda sobre políticas de lucha contra el narcotráfico e inteligencia criminal. "Si no se van en cinco o diez minutos, los vamos a sacar. No podemos dejar que el país sea un caos", aseguró Bullrich para defender el protocolo. La medida había sido prometida en la campaña electoral por Macri, líder de una alianza conservadora PRO.
El 24 de marzo próximo, centenares de entidades sociales y políticas, marcharán a la Plaza frente a la Casa Rosada (gobierno) al cumplirse 40 años del golpe de Estado que instaló un régimen cívico-militar con saldo de miles de desaparecidos y exiliados. La movilización, que cada año es multitudinaria, coincidirá con la visita del presidente estdounidense Barack Obama, por lo cual se generó tensión con los organizadores que acusan a Estados Unidos de alentar el golpe de 1976.
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