Lula pide anular la investigación en su contra por tráfico de influencias

En un recurso presentado hoy ante el Ministerio Público, la defensa del exjefe de Estado pidió la suspensión de la investigación penal contra Lula y la apertura de una investigación y de un proceso administrativo contra el fiscal Valtan Timbó Mendes Furtado, ha informado el Instituto Lula en un comunicado.

"Ante el espanto provocado por la apertura de un Procedimiento de Investigación Criminal sin ningún indicio de crimen, los abogados del expresidente presentaron hoy una queja disciplinaria ante el Consejo Nacional del Ministerio Público para que se investigue la conducta del procurador responsable por la acción", asegura el comunicado del instituto que oficia como portavoz del Lula.

El exmandatario es investigado por supuestamente haber influido en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), después de haber concluido su mandato, para que le concediera créditos a la constructora Odebrecht destinados a la financiación de obras en otros países latinoamericanos y africanos en los que opera.

Según la Fiscalía, tras dejar la Presidencia en enero de 2011, Lula realizó viajes a Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana costeados por Odebrecht. El caso fue destapado el pasado mayo por la revista Época, según la cual Odebrecht recibió del BNDES créditos por cerca de 4,1 millones de dólares para obras en República Dominicana, Venezuela, Cuba y Ghana.

Alegaciones

Los abogados de Lula alegan que el fiscal que abrió la investigación violó las normas del propio Ministerio Público al interferir en un procedimiento preliminar que era conducido por otro fiscal; al ignorar plazos e instancias del organismo y al no tener en cuenta los alegatos presentados por la defensa de Lula.

"El único fundamento presentado por el fiscal para justificar la investigación, que es la supuesta inminencia de agotamiento del plazo para iniciar el proceso, es falso", según el recurso presentado por los abogados del exgobernante.

La defensa alega que el fiscal abrió la investigación el 8 de julio, tres días antes de que venciera el plazo que tenían los abogados de Lula para presentar la defensa, lo que hicieron el 9 de julio. Aseguran igualmente que el fiscal intentó violar el sigilo fiscal y de correspondencia de Lula mediante una maniobra jurídica.

"Se concluye que el fiscal promovió un verdadero atropellamiento, una falta de respeto y una confusión en el proceso en curso, lo que mancha sin duda su imparcialidad y, de hecho, la propia idoneidad y transparencia de la investigación", según el recurso de la defensa.

La investigación podría desembocar en un juicio a Lula, que se celebraría en el ámbito de la justicia federal ordinaria puesto que el expresidente, al no ocupar ningún cargo político, no está aforado.