El Supremo preguntará al fiscal general si debe investigar a Dilma Rousseff

El fiscal rechazó hace dos semanas incluir a Rousseff en la lista de investigados porque la Constitución impide que el jefe de Estado sea responsabilizado por actos extraños al ejercicio de su mandato y entonces el juez Zavaski refrendó esa decisión. Zavaski desestimó este martes una petición similar para investigar a Rousseff que fue remitido por un diputado del PPS en solitario debido a un fallo formal en la demanda.

Rousseff fue citada en el curso de las investigaciones por un ex alto cargo de Petrobras como beneficiaria indirecta de la red de corrupción, pero los hechos supuestamente habrían ocurrido cuando ella presidía el consejo de administración de Petrobras en calidad de ministra de la Presidencia.

Según la oposición, aunque la Constitución impida condenar a un presidente, esto no excluye la posibilidad de realizar una investigación durante su mandato. Para argumentar este punto de vista, los partidos opositores citaron sendas decisiones pasadas de dos magistrados del Supremo, que habrían admitido la posibilidad de que se realice una investigación en la fase previa a la apertura de un proceso.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal fuerza de la oposición, presentó hoy una propuesta de enmienda a la Constitución para hacer explícita en la carta magna la posibilidad de investigar a los jefes de Estado por hechos ajenos a su mandato. El caso de corrupción en Petrobras se refiere al amaño de contratos de la petrolera con terceras empresas y el reparto de sobornos entre ejecutivos de la estatal y decenas de políticos que amparaban las corruptelas.

Según cálculos de la Fiscalía, el volumen de recursos desviados de los cofres de Petrobras en la última década asciende a unos 2.100 millones de reales (unos 646 millones de dólares). A lo largo de las investigaciones, la policía arrestó a cinco ex altos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y han delatado a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena, y además ha abierto investigaciones a cerca de 50 políticos.