Peña Nieto cumple dos años de gobierno entre protestas y una caída de popularidad

"Lo ocurrido en Iguala está claro que marca un antes y un después (...) Evidenció la debilidad institucional para hacer frente al crimen organizado, hoy en mayor número, armas y capacidades de fuerza de las del pasado", dijo el mandatario durante un acto público en el estado de Chiapas.

Entre las propuestas del presidente al Congreso se encuentra una reforma constitucional para reemplazar a los más de 1.800 cuerpos de policía municipal, de los que dijo que "con facilidad pueden ser corrompidos", por fuerzas únicas de cada uno de los 32 estados.

Otra de las iniciativas permitiría al gobierno federal disolver cualquier ayuntamiento cuando hayan "indicios suficientes" de infiltración.

Los estudiantes que desaparecieron en Iguala la noche del 26 de septiembre fueron primero atacados por policías locales que presuntamente obedecían órdenes de su alcalde, acusado de trabajar para el cártel narcotraficante Guerreros Unidos.

Tras los ataques, que dejaron seis muertos, los policías habrían entregado a 43 sobrevivientes a sicarios de Guerreros Unidos que, según las investigaciones, los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos. Ante la falta de pruebas científicas, los padres de los jóvenes siguen defendiendo que están con vida.

El crimen, uno de los más atroces de la historia reciente de América Latina según Human Rights Watch, desató la peor crisis política desde que Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012, devolviendo el poder al anteriormente hegemónico PRI (Partido Revolucionario Institucional).

Peña Nieto se desplazó a Chiapas, uno de los estados más pobres e indígenas del país, para entregar viviendas y apoyos económicos y reafirmar la importancia de las reformas económicas estructurales que impulsó en los dos primeros años de los seis de mandato, tras el que no puede optar a la reelección.

Las reformas, especialmente una que abrió el nacionalizado sector petrolero a la inversión privada, le granjearon grandes elogios en el extranjero pero el brutal crimen de Iguala devolvió a México a los peores tiempos de violencia de la pasada presidencia de Felipe Calderón (Partido Acción Nacional), en la que más de 70.000 personas fueron asesinadas en hechos vinculados al crimen organizado.

La desaparición de los estudiantes generó una ola de solidaridad nacional y numerosas manifestaciones de protesta. Con motivo del segundo aniversario de Peña Nieto, en la tarde de este lunes se han convocado decenas de marchas en todo el país aunque se espera que la principal transcurra por el centro de Ciudad de México.

En la turística ciudad de Oaxaca (sur), unos 1.500 maestros, estudiantes y miembros de organizaciones sociales -algunos de ellos encapuchados y provistos de palos y piedras- bloquearon unas cuatro horas los accesos al aeropuerto.

Al menos dos vuelos con destino a Ciudad de México fueron suspendidos por el bloqueo, dijo a la AFP un oficial de la Policía Federal en el lugar.

En Guerrero, donde se han efectuado las protestas más fuertes, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), incendiaron dos automóviles de la policía estatal y cerraron establecimientos comerciales en los que efectuaron algunas pintas de protesta.

En el segundo aniversario del presidente mexicano, dos importantes diarios publicaron sendas encuestas que reportaban una fuerte caída de su popularidad en los últimos meses.

Según la encuesta del diario Reforma, la aprobación a la labor de Peña Nieto se redujo entre agosto y finales de noviembre del 46% al 39%, mientras que otra del diario El Universal marca una reducción del 46% al 41%.

El nivel de popularidad actual de Peña Nieto es el más bajo que ha registrado un presidente mexicano desde los años 1995 y 1996, al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y en plena crisis económica conocida como el "Efecto Tequila", según Reforma.

A mediados de noviembre, Peña Nieto se vio envuelto en otra polémica al conocerse que su esposa, la exactriz de telenovelas Angélica Rivera, había firmado a inicios de 2012 un contrato para adquirir una mansión de unos cuatro millones de dólares.

La mansión fue comprada a una constructura mexicana relacionada con el consorcio chino que ganó una millonaria licitación estatal, cancelada repentinamente por el presidente.