Peña Nieto defiende la investigación del Ejército por la muerte de 22 civiles a manos de militares

La justicia militar detuvo el pasado 25 de septiembre a un oficial y siete soldados -tres de los cuales serán acusados de homicidio por la fiscalía- casi tres meses después de que ocurrieran estas 22 muertes en Tlatlaya, que el ministerio de Defensa había atribuido en ese momento a un enfrentamiento entre los presuntos criminales y militares.

Los arrestos por la justicia militar ocurrieron días después de que una supuesta testigo denunciara en una revista que en el enfrentamiento del 30 de junio en Tlatlaya -240 km de la capital- sólo murió un civil y que los otros 21 se rindieron y fueron ejecutados a sangre fría por militares.

La investigación conjunta de Defensa y la fiscalía permitirá "conocer la verdad de los hechos", reiteró Peña Nieto, que defendió el "firme compromiso con los derechos humanos" del Ejército.

Una de las peores masacres

De confirmarse las acusaciones, se trataría de la peor masacre cometida por fuerzas armadas como mínimo desde que empezó la presidencia de Peña Nieto en diciembre de 2012, alertó Human Rights Watch, una de las ONG que han reclamado una investigación a fondo de la matanza al temer que no se actuará contra mandos militares que pudieran estar involucrados.

Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, éste "podría ser un caso de ejecuciones sumarias", mientras que su relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, dijo el lunes que el "gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias".

Peña Nieto ha mantenido el amplio despliegue de fuerzas militares lanzado en 2006 contra los cárteles de la droga por su antecesor, Felipe Calderón, que originó una ola de violencia con más de 80.000 muertos y un aumento de las denuncias de graves abusos de soldados contra civiles.