La Justicia declara a Argentina en desacato en el pago de su deuda

Al justificar su fallo, con el que ya había amenazado al país en dos ocasiones anteriores, Griesa también consideró como desacato el intento del Gobierno de Cristina Fernández de sortear la jurisdicción estadounidense con el cambio de agente de pago del Bank of New York Mellon (BoNY) al Nacional Fideicomiso, en Buenos Aires.

"Este tribunal sostiene y reglamenta que ambos pasos son ilegales y no se pueden ejecutar", dijo Griesa , quien resaltó lo inusual de este fallo contra un país, ya que Argentina se convierte, tras Rusia y República Democrática del Congo, en la tercera nación soberana en ser declarada en desacato por un tribunal federal estadounidense.

Durante la vista, celebrada en un tribunal de Manhattan y convocada a petición de los litigantes, el juez aseguró que "de varias maneras diferentes" Argentina "ha evitado, intentado no cumplir y casi ignorado" las órdenes de la corte, motivo por el que especificó que era un "desacato severo".

En cuanto a las posibles sanciones económicas a las que se enfrenta ahora el Gobierno argentino, el juez se reservó la decisión para más adelante, después de que la semana pasada los llamados fondos "buitres" habían pedido que fuera de unos 50.000 dólares diarios.

Los demandantes, liderados por NML Capital y Aurelius, dijeron que "en el último año Argentina no ha dejado de intentar evadir sus responsabilidades" mientras que para el abogado de Argentina Carmine Boccuzzi, "el dinero nunca llegó a los bonistas" y, por tanto, no se ha incumplido estrictamente la orden de pago simultáneo del juez.

Cláusula 'pari passu'

La llamada cláusula 'pari passu', ordenada por Griesa el 23 de febrero de 2012, no permitía a Argentina pagar a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 sin hacer un pago equivalente a los tenedores de bonos no reestructurados, los llamados fondos "buitres".

Estos tenedores de bonos de deuda en mora desde 2001 y que no se acogieron a ninguna de las reestructuraciones, cuentan con un fallo en firme a su favor según el cual Argentina les debe unos 1.500 millones de dólares.

A pesar de esta cláusula, el Gobierno argentino giró el pasado 26 de junio aproximadamente 1.000 millones de dólares a los bonistas reestructurados, dinero que fue bloqueado por el magistrado para evitar declarar entonces a Argentina en desacato. "Argentina tiene dos obligaciones básicas: pagar a los bonistas de deuda reestructurada y a los que no aceptaron los canjes. Una de ellas no puede ser ignorada o negada", insistió el juez.

Cantidad bloqueada

De esos 1.000 millones, poco más de la mitad (unos 534 millones) quedaron bloqueados en el agente de pago contratado por Argentina como garantía para estos bonistas, el Bank of New York Mellon (BoNY), que acató la orden del juez Griesa y propició la suspensión de pagos selectivo al país, en julio pasado. La segunda vez que Griesa apuntó la posibilidad de un desacato fue por las "declaraciones tergiversadas" de las autoridades argentinas realizadas, precisamente, después de ese "default", que el Gobierno de Fernández nunca llegó a aceptar como válido.

Posteriormente, la presidenta argentina promulgó el 11 de septiembre la ley aprobada por el Congreso que habilita el pago local de deuda emitida bajo legislación extranjera y que permite esquivar el bloqueo judicial impuesto por Griesa, a través de bancos en Buenos Aires y París. Así, el 24 de septiembre se firmó el nuevo contrato de fideicomiso que eliminó al Bank of New York Mellon como agente encargado de intermediar entre el Estado argentino y los tenedores de deuda pública, lo que el juez consideró hoy un "cambio estructural ilegal".

A la espera de que Argentina se pronuncie tras este fallo, el Gobierno, a través de su embajadora en Washington, envió horas antes una carta a las autoridades estadounidenses en la que consideraba "inconcebible" que un juez de este país pudiese declarar a un Estado extranjero en desacato. En esa misiva, Argentina advierte de que cualquier decisión que frustre la reestructuración supondría "una ilegítima injerencia en los asuntos internos del país y comprometería la responsabilidad internacional de Estados Unidos".