Agentes de Frontex para reforzar los controles

La normativa, propuesta por la ministra de Interior belga, la cristiano-demócrata flamenca Annelies Verlinden, recibió el respaldo de la mayoría de los siete partidos del Gobierno. Los socialistas y los ecologistas respaldaron la ley, con la condición de que los agentes de Frontex sólo puedan intervenir acompañados de la policía y operando bajo control de las autoridades belgas.

Estos agentes se han apostado, entre otros, en la estación de Midi, en Bruselas, donde controlan la llegada de trenes nacionales e internacionales -procedentes de París, Amsterdam, Fránkfort...- y la terminal del Eurostar, que une la capital belga con Reino Unido. La estación, por la que a diario transitan unos 50.000 pasajeros, es también uno de los puntos calientes de Bruselas con multitud de agresiones, robos y donde es habitual el consumo de drogas. Para la Policía belga -que se queja de la falta de medios- esta es una oportunidad de ganar presencia en una zona degradada.

Si durante los controles los agentes identifican a personas «señalizadas», estarán autorizados a privarlas de su libertad y a buscar su historial en bases de datos internacionales y europeas. La secretaria de Estado de Asilo y Migración belga, Nicole de Moor, subrayó que «debemos implementar retornos forzosos, incluso si resulta difícil en caso de negativas a un retorno voluntario».

Por su parte, la ministra del Interior destacó que al asociar al personal de Frontex con la policía, «aumentamos también la capacidad de trabajo y el número de traslados forzosos». Se trata, en definitiva, de «reforzar» la seguridad interior del país y señaló que esta ley es «un buen ejemplo de colaboración, solidaridad y uso eficiente de los recursos a nivel europeo».

Ya el año pasado, el Gobierno federal reconoció estar desbordado ante las peticiones de asilo que recibe y anunció que rechazará las solicitudes de hombres solos para dar prioridad a las familias. Actualmente se calcula que unas 3.000 personas duermen en la calle en Bruselas.

Para las organizaciones en defensa de los derechos humanos, sin embargo, la presencia de Frontex en Bélgica es motivo de alarma. Se han mostrado contrarias a esta ley por la «vaguedad de las competencias» de los agentes de Frontex en territorio belga, que llevarán armas de fuego y podrán actuar solos -sin permiso de la Policía belga- en «casos de urgencia». Les preocupan, igualmente, las actuaciones de la agencia europea, que en el pasado ha sido acusada de «actos criminales y tratos inhumanos», así como de haber colaborado con la guardia costera libia.

Tampoco hay que perder de vista la dimensión política de esta normativa. La gestión de la migración se ha convertido, en un gran activo electoral en el país, donde los sondeos apuntan que la ultraderecha será la primera fuerza en número de escaños. En las calles de Bruselas han proliferado los carteles electorales con mensajes en torno a este asunto: 'Por la prosperidad flamenca. Por una política migratoria humana, pero estricta', se lee en los eslóganes del partido nacionalista flamenco NVA, con 25 asientos en el Parlamento federal.

El atentado de octubre de 2023 en Bruselas, en el que un ciudadano tunecino -que residía de forma ilegal en Bélgica desde 2016- mató a dos personas, provocó un giro en el discurso migratorio belga y europeo. Desde entonces tanto la Comisión Europea, como Suecia y Bélgica, han reforzado sus discursos antiimigración y en el recientemente adoptado Pacto de Migración y Asilo se incluye un apartado para expulsar de la Unión Europea a ciudadanos extranjeros que supongan una amenaza para la seguridad nacional, así como medidas para acelerar las devoluciones y la cooperación con terceros países para que evitar las llegadas irregulares a Europa.