La Oficina de Coordinación del Desminado, que actúa con el respaldo de la ONU, se enfrenta a una tarea difícil de abordar, más ahora con las hostilidades reanudadas desde 2020. Ocho millones de minas antipersona y antitanque en una franja de 300 metros a lo ... largo de los 2.700 kilómetros del muro que levantó Marruecos para separar los territorios ocupados de la zona todavía en manos de los saharauis. 36 artefactos por kilómetro cuadrado. Un arma, dice Gaici Nah, jefe de Operaciones de la Oficina, que ya ha causado 2.289 heridos, «muertos ni se sabe».
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El técnico alerta también sobre los drones Bayraktar comprados a los turcos por el gobierno de Rabat y que están engrosando las listas de bajas: 33 sólo desde el pasado octubre. «El conflicto saharaui ha puesto de manifiesto el distinto rasero de la comunidad internacional, que apoya Ucrania para defenderse de la agresión rusa, mientras vende armas a Marruecos para atacarnos. Son unos hipócritas».
A escasos metros de allí se levanta Afapredesa, la organización nacida para paliar la situación de las familias de los desaparecidos, víctimas de tortura y detenidos. Un total de 44 languidecen en las cárceles marroquíes, la mitad de ellos condenados a penas de entre 20 años y cadena perpetua, «aunque desde el comienzo del conflicto ha habido más de 30.000 arrestos arbitrarios», afirma Abdeslam Aomar, su presidente. 4.500 casos de desapariciones forzadas, de los que 445 continúan sin resolverse.
Aomar sabe que la suya es una carrera de resistencia, que el principal enemigo ahora, más incluso que Marruecos, es la tibieza de países como Francia, EEUU y la propia España, que animan a Rabat a mantener su intransigencia, empeorando día a día la situación de los saharauis. Víctimas, dice, de un mercadeo cuyas leyes marca la geopolítica.
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