Sambi, el ayatolá de las Comoras entre rejas

Ahmed Abdalá Mohamed Sambi regresó a las Comoras en 2006 prometiendo la salvación moral y material del país. El pueblo le creyó. El 58% de los ciudadanos del pequeño enclave africano votó a favor de su candidatura en las elecciones presidenciales celebradas aquel año. El pasado 28 de noviembre, el ex dirigente fue condenado a cadena perpetua. ¿Qué ha ocurrido en los últimos dieciséis años en aquel archipiélago del Índico para que la admiración se convierta en repudio? El auge y declive del estadista, líder espiritual y hombre de negocios, está ligado a un negocio insólito. La peripecia del reo es una curiosa síntesis de nobleza y miseria, mercenarios y beduinos, pasaportes y colchones.

La sorprendente historia de este individuo comienza a finales de los años cincuenta en Mutsamudu, la capital de Anjouan, una de las islas que componen la Unión de las Comoras. Entonces, Francia era la metrópoli de este territorio, colonizado previamente por los árabes y de mayoritaria religión musulmana. El mismo procede de los Hadhrami, conjunto de tribus procedentes de Yemen, y su familia pertenecía a la élite de este país, independiente desde 1975. La vida en este rincón africano no es fácil. El dominio francés, tal y como sucedió en otros territorios, dejó un país con una administración precaria, escasos cuadros y exiguos recursos, en suma, en la imposibilidad de seguir adelante con ciertas garantías.

Pero la fe y no la política guiaron los primeros pasos del joven Sambi, empeñado en adquirir una sólida formación religiosa. Su instrucción tuvo lugar en Sudán, Arabia Saudí e Irán. Aunque de confesión sunita, fue discípulo del ayatolá Mohammad Taqi Mesbah Yazdi, representante de la línea más conservadora del chiismo. Ese ascendiente se tradujo en una ideología radical y el gusto por los turbantes tan propio de la jerarquía iraní. Esa predilección por el atavío le granjeó entre los suyos el apelativo de 'ayatolá de las Comoras'.

El estudiante regresó a un país convertido en república bananera. Como si se tratara de la Roma cesarista, las conspiraciones y los alzamientos se sucedían. La vida política del archipiélago se antojaba una película de serie B con argumento disparatado. El mercenario bordelés Bob Denard provocó cuatro golpes armados y se convirtió en el hombre fuerte del país, lo que le granjeó grandes beneficios al abrir los puertos al tráfico internacional con el régimen sudafricano. Las directrices remitían a París. La antigua metrópoli parecía interesada en mantener su influencia sobre una plaza con interés geoestratégico y, además, retuvo la soberanía de Mayotte, una de las islas, transformada, años más tarde, en departamento de ultramar.

La irrupción de Sambi y su partido, el Frente Nacional por la Justicia, suponían un soplo de aire puro y temeroso de Dios en esta atmósfera de perpetua conspiración. Para tranquilidad del Elíseo, el nuevo presidente prometió no instaurar un Estado Islámico y favorecer el desarrollo económico promoviendo el turismo en los países de Golfo.

Su plan de playas y recato pronto quedó superada por otra insólita posibilidad de negocio. El empresario sirio-francés Bachar Kiwan le propuso la venta de pasaportes cormoranos a miembros de las tribus beduinas de Kuwait, de condición apátrida y, por tanto, incapacitados para viajar y sin acceso a la Administración. Esta posibilidad no sólo proporcionaba documentos a quienes los precisaban, sino que podía suponer, según estimaciones previas, más de 200 millones de dólares a la depauperada Hacienda insular.

La operación podía tener sus reprobaciones éticas. El parlamento cormorano la rechazó sosteniendo que se trataba de una subasta de la soberanía nacional. En cualquier caso, en 2008 el proyecto fue aprobado. La realidad incrementó sustancialmente las reticencias iniciales. Las investigaciones posteriores demostraron que el mayor flujo de credenciales, a menudo con carácter diplomático, no tenía como destino el Emirato, sino Irán. Al parecer, buena parte de los pasaportes emitidos fueron adquiridos para burlar las sanciones de Occidente.

Los negocios fueron más allá. La sintonía entre el dirigente y Kiwan permitió que Comoro Gulf Holdings, la empresa del segundo, actuara como un monopolio en sectores clave de la economía local, caso de los medios de comunicación, construcción, banca o turismo. El presidente finalizó su mandato sin cumplir las expectativas y decidió cambiar los asuntos de fe por otros más mundanos. Sambi se embarcó en proyectos de distribución de agua embotellada, fabricación de perfumes, importante industria local, y colchones, otro negocio con gran futuro en un país de 900.000 habitantes afectado por un crecimiento demográfico desbocado. Además fundó Ulezi, una estación de televisión con fines educativos.

Sus aventuras empresariales, desgraciadamente, quedaron truncadas cuando se hicieron cuentas. La Administración había expedido más de 52.000 credenciales, pero las arcas públicas no registraban ningún ingreso por esta iniciativa. El expresidente fue arrestado. En 2018 fue acusado formalmente de alta traición, malversación de fondos públicos y lavado de dinero. Ahora, los tribunales han dictado sentencia condenando a 10 años de prisión a Bachar Kiwan, a 20 años al exvicepresidente Mohamed Ali Soilihi y nada menos que a cadena perpetua al ayatolá en horas bajas.

La rotundidad de la sentencia establece un extraordinario precedente en la historia de la corrupción pública en África, pero también es cierto que una pena tan considerable resulta poco viable en las Comoras, donde los plazos largos carecen de sentido y los asuntos relacionados con la política y la justicia se suelen resolver a punta de metralleta. Quizá, dentro de no demasiado tiempo, el frustrado redentor pueda recuperar el turbante, su fortuna y la ambición.

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