La ONU quiere que sean juzgados los responsables de crímenes de guerra en Sudán del Sur

Este viernes el organismo lanzó sus dardos tanto contra las fuerzas leales al presidente Salva Kiir como contra aquellas fieles al líder rebelde y exvicepresidente Riek Machar. El informe se enmarca en un tono cada vez más endurecido de la comunidad internacional hacia los dirigentes de este país, considerados responsables de los sufrimientos de su población y múltiples violaciones del cese al fuego.

"Existen pruebas suficientes para concluir que (estos grupos armados y sus alidos) atentan deliberadamente contra los civiles por su origen étnico, participando en homicidios, secuestros, violaciones y otros actos de violencia sexual, así como destrucción de pueblos y participación en saqueos", argumentó la Comisión en su informe. "Estos actos constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", agregó la misma fuente, que dijo haber basado su trabajo en incidentes y ofensivas "emblemáticas" que se desarrollaron entre julio de 2016 y diciembre de 2017.

La comisión de la ONU comparó algunos abusos con crímenes cometidos en Bosnia a principios de la década de 1990, como aquellos casos donde las víctimas fueron forzadas a violar a miembros de sus familias. "Una mujer narró que su hijo de 12 años fue forzado a tener relaciones sexuales con su abuela para poder sobrevivir. Eso fue después de haber visto cómo castraban a su esposo".

Otros testimonios citados en el informe enumeran las torturas y las violaciones cometidas por hombres armados, como extirpación de ojos y miembros cortados. Otra mujer describió cómo fue detenida en una pieza donde había cuerpos decapitados, entre ellos el de su marido. Los niños, violados y reclutados como soldados, están particularmente afectados por este conflicto. "Si los combates continúan con la misma violencia, sólo uno de cada 30 niños de Sudán del Sur podrá terminar la escuela primaria, lo cual sacrificará a toda una generación", indicó la comisión.

La ONU denunció también los numerosos ataques realizados contra trabajadores humanitarios o la utilización de escuelas y de hospitales como bases militares.

Sobre la base de un expediente que incluye 58.000 documentos y 230 testimonios, la Comisión explicó que identificó a tres gobernadores, 33 generales y cinco coroneles que podrían ser juzgados en virtud del principio de "responsabilidad superior jerárquica", y cuyos nombres no fueron revelados. La lista fue transmitida al Alto Comisionado de la ONU de derechos humanos en Ginebra.

La comisión estima que la cadena de mando de las fuerzas de los rebeldes y del gobierno "funcionan eficazmente". Por lo tanto, considera que los responsables "sabían o tenían razones para saber" que estos crímenes se iban a cometer o se cometieron, pero no hicieron nada para evitarlos o castigar a los culpables.

En consecuencia, y en vista de la "disfuncionalidad" del sistema judicial de Sudán del Sur, la Comisión llama a la Unión africana (UA) a crear "inmediatamente" un tribunal "híbrido" independiente, que combine derecho nacional y derecho internacional, tal como prevé un acuerdo de paz alcanzado en agosto de 2015 pisoteado en repetidas ocasiones.

Este tribunal que podría crearse de inmediato para que el fiscal pueda empezar a trabajar en las inculpaciones, "es la única manera de poner fin a la destrucción de millones de vidas humanas por los dirigentes de Sudán del Sur", declaró la presidenta de la Comisión Yasmin Sooka, citada en un comunicado.