El Gobierno tunecino confirma su deriva autoritaria al descabezar a la oposición

La actuación contra Ghanuchi viene motivada, al parecer, por la difusión de un vídeo en el que realiza declaraciones contra el régimen del presidente, Kais Saied. Portavoces de Ennahda aseguran que el veterano político fue conducido a un destino desconocido y otras fuentes apuntan a que, tras ser trasladado a dependencias policiales, fue llevado a un hospital debido a problemas médicos. Horas después de llevarse a cabo la detención, las dependencias del partido fueron registradas por los cuerpos de seguridad.

Algunos medios digitales van más allá y afirman que el Ministerio del Interior anunciará la inmediata ilegalización tanto de Ennahda como del FSN. La confirmación de estas decisiones acentuaría la deriva autoritaria del régimen. La situación política de Túnez ha experimentado una degradación desde que, hace dos años, el presidente Saied disolvió el Gobierno y el Parlamento. Desde entonces, el jefe del Ejecutivo dirige el país a través de decretos.

El autogolpe supuso el colapso del único Estado democrático surgido de la Primavera Árabe. El carácter ejemplar del país magrebí, primer foco de la rebelión regional, se vino abajo por su imposibilidad para encauzar el desarrollo económico y hacer frente a la crisis derivada de la pandemia del Covid-19.

La república tan sólo ha disfrutado de una década de convivencia pacífica y democrática. El resultado de las primeras elecciones libres de 2011 mostró un espectro político fragmentado en el que destacaba la minoría simple de Ennahda, que asumió el primer Gobierno tras el fin de la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali. Pero la decepción con la nueva clase política llegó pronto. Los comicios presidenciales de 2019 encumbraron sorprendentemente a Saied, un jurista especializado en derecho constitucional prácticamente desconocido. La aplastante derrota de los candidatos apoyados por los partidos convencionales evidenció el alto grado de desilusión de la sociedad.

La seguridad del Estado es el argumento esgrimido por Saied para ejercer una represión policial que no hace distingos entre organizaciones confesionales y laicas, de derecha o izquierda. En los últimos meses, el Gobierno ha hecho frente a manifestaciones impulsadas por el sindicato Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), que lo acusa de concentrar poderes, incluido el judicial, en su estrategia para controlar el país.

El crédito del presidente se ha evaporado. El boicot a las últimas elecciones legislativas, celebradas el pasado mes de enero, provocó que tan sólo el 11, 3% de los votantes acudiera a las urnas. Ese éxito demostró el hartazgo popular hacia aquel que había pretendido aportar una solución fuera de las vías convencionales.

Las medidas contra Ghanuchi y el partido Ennahda se apoyan en la desconfianza hacia esta entidad, tradicionalmente acusada de poseer una agenda oculta para islamizar el país árabe con mayor tradición secular. Las autoridades la han acusado de connivencia con grupos armados para eliminar a la comunidad política laica, caso del asesinato del líder Chokri Belaid, y de fomentar el envío de milicianos locales a Siria para enrolarse en las filas del Estado Islámico.