Cuando el futuro se precipitó por un desagüe

Diez años después, el país se halla sumido en un conflicto complejo y multilateral. Las elecciones, previstas para el próximo mes de diciembre, deberían restaurar el orden. Pero, para ello, sus resultados deberían satisfacer a todas las partes, debidamente armadas, y tal solución se antoja harto difícil.

La atmósfera comenzó a enturbiarse tan pronto acabó la contienda. La permanencia de las milicias implicadas en la lucha contra el régimen constituía el primer obstáculo para la instauración de una democracia. Su relevancia se deriva de la propia singularidad del territorio. La mayoría de la población se concentra en el norte, la Libia habitable, en torno a núcleos urbanos, poseedoras de gran autonomía y diseminadas a lo largo de una línea costera de 1.770 kilómetros. En la lucha contra el dictador, las ciudades, sujetas a relaciones de clan, se dotaron de sus propias autodefensas. La nueva clase dirigente creyó disponer de ellas como fuerza de apoyo para sus intereses políticos y económicos.

El descarrilamiento llegó con las urnas. El Congreso General de la Nación, órgano legislativo temporal, estaba comisionado para celebrar comicios en 2014 y culminar el proceso. Pero la población no respaldó a quienes detentaban el poder, de credo islamista y bases en torno a la capital Trípoli y la población de Misrata. El electorado votó por una mayoría secular y la autoridad provisional, reacia a abandonar sus escaños, respondió negando la legitimidad de la Cámara de Representantes. Los nuevos y acosados parlamentarios buscaron refugio en Tobruk, en el extremo oriental de la provincia de Cirenaica, tradicionalmente hostil a Occidente.

La división estaba servida. El Ejército regular, comandado por el general Jalifa Haftar, apoyó a los legisladores y se crearon dos focos de poder. Ambos se disputaron la fidelidad de las ciudades-Estado y de las tribus tuareg y toubu, con sus propias áreas de influencia. Como las enfermedades oportunistas, las bandas islamistas aprovecharon el caos para hacerse con sus propios bastiones, principalmente alrededor de la ciudad de Derna. El control de los yacimientos de hidrocarburos y las terminales portuarias se volvió el eje de una nueva contienda.

La Unión Europea y la ONU han buscado el diálogo entre las partes, entre treguas y acuerdos convertidos en papel mojado. La importancia de Libia, cuarto exportador de petróleo, polarizó alianzas. Trípoli consiguió el apoyo de Turquía, que ha aportado militares, mercenarios sirios y drones, mientras que Tobruk se hizo con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Rusia. Al otro lado del Mediterráneo tenía lugar una pugna entre potencias emergentes.

El pueblo era la víctima del tablero. Los ciudadanos, que habían gozado la renta per cápita más alta del continente, perdían, de nuevo, la libertad y la seguridad y, además, tres cuartas partes de aquellos ingresos. A lo largo de este tiempo, las milicias, insertas oficialmente en los ministerios de Defensa o Interior y provistas de absoluta impunidad, son las responsables de todo tipo de violaciones de los derechos humanos, como torturas, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. Las Fuerzas Armadas Árabes Libias, en el este, también amparan a grupos culpables de todo tipo de crímenes. El tráfico de inmigrantes se convertía en otro negocio clandestino y foco de nuevos crímenes.

Tras desarticular a los islamistas, el Este buscó la derrota definitiva de su oponente. La ofensiva de Haftar, denominada Operación de Inundación de Dignidad, condujo a las tropas regulares y sus aliados hasta la periferia de la capital. La elección, impulsada por Naciones Unidas, de Fayez al-Sarraj como presidente del Gobierno de Acuerdo Nacional para reconducir el proceso, no impidió el asalto de Trípoli.

El último quiebro se produjo con el fracaso del general, incapaz de tomar la capital. Su retirada, en junio de 2020, propició una ronda de negociaciones impulsada por Rusia y Turquía, máximos valedores de los bandos. La creación en marzo de este año del Gobierno Nacional de Unidad, dirigido por Abul Hamid Dbeibé, supone la última carta en ese proceso, infructuoso hasta la fecha, por recuperar la unidad y la paz.

El resorte son las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 24 de diciembre. Pero el problema radica en que Occidente y las potencias implicadas delegan en la voluntad del pueblo libio el fin del conflicto desde hace diez años. Como ocurrió con la suerte de Gadafi, su esperanza de progreso y libertad también se precipitó por una tubería de aguas residuales.