El conflicto etíope se agrava tras denunciar la ONU crímenes de guerra

Los ataques directos contra viviendas, escuelas, lugares de culto y hospitales, han sido una práctica común por los dos bandos, tal y como señala el dossier. Michele Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declaró este miércoles, en la presentación del análisis, que la guerra ha estado marcada por «una brutalidad extrema» y llama a las partes al acuerdo para la puesta en marcha de un alto el fuego duradero.

Las masacres han sido realizadas por todas las facciones. El informe de la ONU menciona la llevada a cabo en la villa de Mai Kadra, cercana a la frontera sudanesa, donde la guerrilla del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) asesinó a machetazos a unos 200 inmigrantes de la etnia amhara. El Ejército ocupó la población y, en represalia, también dio muerte a un número indeterminado de nativos. Las tropas eritreas también han participado en estas represalias indiscriminadas. Además de perpetrar bombardeos sobre poblaciones civiles mediante drones, sus soldados están acusados de fusilar a cien habitantes de la ciudad de Aksum.

El conflicto etíope, que este jueves cumple un año de existencia, se ha cobrado miles de víctimas, dos millones de desplazados y 75.000 refugiados en la vecina Sudán. El primer ministro Abiy Ahmed, considerado el máximo instigador de la guerra, ha afirmado que no existe amenaza de hambre para los ciudadanos de la región de Tigray, a pesar de que las organizaciones humanitarias tienen prohibido el acceso a la zona. Las estimaciones de estas entidades, sin embargo, hablan de 400.000 personas en situación de riesgo en la provincia y de 7 millones en las áreas afectadas por el conflicto.

El Gobierno de Addis Abeba ha manifestado sus reservas sobre el informe, aunque se mostró complacido por que no utilizara el término 'genocidio'. En cambio, la guerrilla trigriña ha lamentado que el estudio, a su juicio, se halla «plagado de problemas» y cuestionó su presunta imparcialidad al estar elaborado en colaboración con la Comisión Etíope de Derechos Humanos. Además de los excesos probados durante los últimos doce meses, la declaración del Estado de Emergencia abre una nueva vía para los abusos ya que proporciona a los cuerpos de seguridad la posibilidad de detención a cualquier persona sin una orden judicial.

El primer ministro lamentó que el informe incluya únicamente el periodo entre el estallido del conflicto y el 28 de junio, cuando decretó un alto el fuego unilateral rechazado por el grupo tigriña. «Como resultado, el informe no incluye la horrible brutalidad que el grupo terrorista ha cometido contra civiles en las regiones de Afar y Amhara. No aborda la campaña de masacres de aliados del TPLF en lugares como el oeste de Oromía», dijo Abiy Ahmed.

El Ejército de Liberación de Oromia (OLA), otra de las facciones tribales implicadas en la lucha, manifestó precisamente este miércoles su intención de aislar la capital, de unos 5 millones de habitantes. Esta guerrilla separatista, aliada de los tigriña, parece ser la causante de la expansión del conflicto y su acercamiento a la megaurbe. Portavoces de la comunidad amhara, vinculada militarmente al Gobierno, han denunciado matanzas de sus miembros en aquellas zonas ocupadas por los milicianos oromo.

La Unión Europea, que acogió positivamente el informe de Naciones Unidas, pidió seguir investigando atrocidades cometidas después de junio de 2021, «garantizando que se es justo con las víctimas y supervivientes», dijo el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, en declaraciones a Europa Press. Stano expresó la «alarma» de la UE por el estado de emergencia decretado por el Gobierno etíope.