El Parlamento de Túnez aprueba la pena de muerte para los crímenes de terrorismo

Durante los debates celebrados durante la jornada, ha sido aplazada la discusión sobre el artículo 35, uno de los más polémicos debido al rechazo de una enmienda que estipula la prohibición a los periodistas de disfrutar del derecho del secreto profesional. La legislación sustituiría a la ley antiterrorista de 2003, que ha sido denunciada como una herramienta de represión de la oposición. La pena de muerte está contemplada en el país, si bien no ha habido ninguna ejecución desde 1991.

El presidente tunecino, Beji Caid Essebsi, decretó a principios de julio el estado de emergencia para dar a su Gobierno más autoridad tras el ataque islamista del pasado 26 de junio contra un hotel de playa, donde murieron 38 turistas extranjeros, la mayoría británicos. La ley de emergencia permite al Gobierno más flexibilidad ejecutiva temporalmente, otorga al Ejército y a la Policía más autoridad y restringe ciertos derechos como el de reunión.

El ataque en la playa turística de Susa se produjo semanas después del asalto al Museo del Bardo, en marzo. Se trata de dos de los peores atentados en la historia moderna de Túnez, que suponen una acuciante amenaza para la industria del turismo, esencial para la economía del país.

Las autoridades tunecinas dicen que los tres hombres armados en ambos ataques habían sido formados a la vez al otro lado de la frontera, en campos de entrenamiento libios, donde el conflicto entre los dos gobiernos rivales ha permitido ganar terreno al yihadismo. La última vez que Túnez declaró el estado de emergencia fue en 2011, durante la revuelta contra el autócrata Zine el Abidine ben Alí, quien abandonó el país en enero de ese año y quien reside desde entonces en Arabia Saudí.