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anje ribera
Jueves, 2 de julio 2020, 12:54
Las 32 toneladas de lingotes de oro venezolano que guardaba el Banco de Inglaterra en sus bóvedas seguirán en territorio británico, pero han cambiado de dueño por mandato judicial. Ya no pertenecen al Gobierno bolivariano encabezado por Nicolás Maduro, sino al que lidera desde la ... oposición Juan Guaidó, presidente constitucional interino del país para Gran Bretaña y otra sesentena de países, entre ellos también Estados Unidos y España.
El Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido ratificó este jueves la decisión del Ejecutivo de Boris Johnson de reconocer como única autoridad monetaria del país caribeño a la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Guaidó. Por lo tanto, es la que tendría la total autoridad sobre las reservas.
El régimen chavista había reclamado a mediados de mayo ese oro, valorado en algo menos que mil millones de euros, para la compra de suministros como equipos médicos para luchar contra el Covid-19 dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pero el tribunal británico rechaza su solicitud al validar el argumento de los abogados de los opositores de Guaidó, que creen que es la única forma de proteger el oro «de la cleptocracia» de Maduro, de impedir que siga «dilapidándolo en Irán, Catar, Emiratos Árabes Unidos en operaciones oscuras», según tuiteó el diputado opositor Ángel Alvarado.
El fallo del magistrado Nigel Teare estima que «es ilegal entregar» las reservas a Nicolás Maduro dado que Londres no lo reconoce como jefe de Estado venezolano. El Banco Central de Venezuela anunció que apelará de inmediato la decisión del tribunal inglés, a la que calificó de «absurda» e «insólita». «No nos esperábamos esto, fue una sorpresa. Ignora por completo la realidad de la situación sobre el terreno. Ninguno de los miembros de la junta administrativa nombrada por Guaidó vive en Venezuela. Todos residen en Estados Unidos o en Colombia», añadió el letrado Sarosh Zaiwalla, que representa los intereses de Caracas en las islas. En su opinión, «este resultado va en detrimento de la población venezolana, cuyas vidas están en peligro».
Zaiwalla espera que el Tribunal de Apelación reconsidere la decisión, ya que es el Gobierno de Maduro el que «controla Venezuela y sus instituciones administrativas». Ahora, ambas partes tienen tres semanas para comparecer ante el juez y dar instrucciones. Esto incluye presentar una autorización para apelar la sentencia, que, de ser rechazada, podrá hacerse directamente ante el Tribunal de Apelación.
El Gabinete de Boris Johnson tiene una postura difusa ante Venezuela. Por una parte mantiene relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro y niega las credenciales diplomáticas al embajador designado por Guaidó, pero por otra considera que el líder de la oposición es realmente el presidente interino.
La junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por el presidente Nicolás Maduro planea recurrir el dictamen emitido este jueves por el Tribunal Superior de Londres que le impide acceder a las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra, ha confirmado el bufete de abogados Zaiwalla & Co.
Asimismo, Venezuela decidió este jueves suspender la expulsión de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Caracas, una marcha atrás con la que el gobierno de Maduro espera «gestos» de los europeos, quienes habían advertido contra un «aislamiento internacional». El desenlace se produjo horas antes de expirar el ultimátum de 72 horas que el lunes dio Maduro a la diplomática Isabel Brilhante Pedrosa y a raíz una conversación entre el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
«El gobierno venezolano decidió dejar sin efecto la decisión», anunciaron en un comunicado conjunto Arreaza y Borrell, quienes abogaron por «mantener el marco de las relaciones diplomáticas», máxime cuando la cooperación puede facilitar «los caminos del diálogo político». Con el anuncio de la expulsión de la diplomática al frente de la misión de la UE desde 2017, el presidente de Venezuela había respondido a las nuevas sanciones europeas contra 11 venezolanos por acciones contra la oposición liderada por Juan Guaidó.
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