Dos mujeres pueden ir a prisión tras casarse en Costa Rica por un error del registro

Pero era cuestión de tiempo que aquello estallara y terminase siendo crucial para esta joven actriz, a la que conocen como Jaz. Al final, sin pretenderlo, resultó ser toda una ventaja, ya que aquel fallo administrativo se convirtió en el resquicio legal para poder casarse con otra mujer en un país donde está prohibido el matrimonio homosexual.

El sábado 25 de julio de 2015 formalizaba en San José, la capital del país, su relación con su novia, la chef española Laura Isabel Flórez-Estrada Pimentel. En el papel, fue un enlace civil más. En la realidad, el primer matrimonio legal entre dos mujeres en Centroamérica, un logro de carambola con una trascendencia histórica en la lucha por la equiparación de derechos civiles para el colectivo homosexual.

Pero aquel bombazo, que había pasado inadvertido inicialmente, saltó por los aires tres días después, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de lo ocurrido. Solo unas horas después, el Registro Civil había corregido su error e iniciado los trámites para declarar nulo ese matrimonio. Ambas contrayentes fueron denunciadas y ahora se enfrentan a una causa penal por 'matrimonio prohibido' que podría desembocar en una condena de hasta tres años de prisión. Su abogado, Marco Castillo, uno de los principales activistas por el reconocimiento de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo en Costa Rica, se expone a 18 años de cárcel por 'falsedad ideológica'. «Yo casé a un hombre y una mujer según los documentos oficiales. Yo qué iba a saber si ambas eran del mismo sexo», se defiende. Junto a ellos, dos testigos del enlace comparecieron como acusados en la audiencia preliminar, que se celebró ayer.

La propia Laura, que no se muerde la lengua, ha tachado de «sospechosa» la celeridad con que se ha tramitado su expediente. «Nunca hasta ahora se había visto tanta agilidad en arreglar un error administrativo; menos aún, cuando ni siquiera la interesada lo ha solicitado. Es un ejemplo claro de homofobia y discriminación», sentencia la cocinera española.

El caso sigue ahora adelante a pesar del fallo de la Sala Constitucional del pasado noviembre, que dio 18 meses para habilitar en Costa Rica el matrimonio igualitario que por ahora está prohibido en toda Centroamérica. El abogado de la pareja insiste en que el contencioso debió haberse cerrado cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el 8 de enero de 2018 a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo o, al menos, cuando la Sala Constitucional ordenó validarlo en Costa Rica. «Pero la Fiscalía insiste en acusarnos; no sé bien por qué, pero esto solo ha servido para que más personas nos apoyen», apuntó el abogado.