Mariló Montero consigue una condena histórica por unas fotografías en topless

Los hechos se remontan a finales de 2014 y principios de 2015, cuando la navarra viajó primeros con sus hijos y luego con una amiga. En la escapada familiar fue retratada junto a sus hijos en la cubierta de un barco, imágenes que sí vieron la luz. Sin embargo, las fotos sin la parte de arriba del bikini se hicieron durante su estancia en Bora Bora junto a una amiga de su infancia. Al tener conocimiento de las mismas, Montero solicitó medidas cautelares que llevaron a que no se publicaran, lo que dio alas a todo tipo de especulaciones sobre su condición sexual. La periodista lamenta la pérdida de rigor y de ética en el ejercicio de su profesión de los conocidos fotógrafos y en una intervención en 'Espejo Público', de Antena 3, ha asegurado que «es una vulneración al honor. Distraen todo lo que haces en tu carrera profesional en que el público desvíe la atención a cómo tengo mis pechos y cómo duermo o con quién».

En otras declaraciones, esta vez en 'Más vale tarde', de La Sexta, explica que cuando pidió las medidas, «ellos empezaron a decir que yo estaba secuestrando las fotografías porque yo no viajaba con un hombre, viajaba con una mujer. Entonces, los medios que recogieron esas informaciones empezaron a especular con mi condición sexual, que es algo inconstitucional».

Montero recuerda aquellos días como un acoso. De hecho, ha explicado que habitualmente avisa a su exmarido y padre de sus hijos, Carlos Herrera de sus destinos, sin embargo, aquella vez hizo un cambio de última hora solo tres días antes porque se sentía perseguida. Su objetivo era buscar la máxima privacidad. La sentencia, ante la que todavía cabe recurso, hace referencia a esa situación estableciendo que «partiendo de la base de que la señora Montero es una reputada periodista, con relevancia pública, y que por ello sus derechos pudieron verse en cierto modo limitados, lo que en absoluto cabe soportar es una persecución sobre su persona destinada a la captación de su imagen en momentos de su estricta esfera privada».

Arrabal y González tienen otra causa pendiente con la communicadora. Esta vez en la Audiencia de Barcelona que reabrió en julio un caso por las fotografías de Montero en un hotel. En esta ocasión, el proceso penal podría acarrear penas de prisión y de inhabilitación para ejercer su oficio de hasta cinco años para los paparazis, además de una multa.