La Fiscalía abre otro frente a Shakira por un presunto fraude de 6,6 millones en 2018

Según el Ministerio Público, la artista nacida en Barranquilla hace 46 años defraudó presuntamente otros 6,6 millones de euros en el ejercicio de 2018, cuando ya residía en España, mediante un «entramado de empresas» que le llevó a «simular» la cesión de sus derechos a 17 compañías instrumentales o pantalla. El presunto fraude asciende a 5,9 millones por el impuesto del IRPF y otros 700.000 euros por el Impuesto de Patrimonio (IP).

La querella recuerda que en 2018 Shakira residía en una vivienda en Esplugues de Llobregat (Barcelona) junto a Piqué y los dos hijos de ambos, por lo que debía pagar la totalidad de sus impuestos en España. En la declaración de ese ejercicio, sin embargo, la cantante eludió mencionar la totalidad de los ingresos que percibió, según la Fiscalía.

En su escrito recoge que la artista «se sirvió de un entramado societario» y se dedujo gastos «que no procedían», como la omisión del pago de 12,5 millones de dólares con ocasión de la gira El Dorado, que entre junio y noviembre de 2018 le llevó a dar 53 conciertos en 22 países, sobre todo en Europa, Estados Unidos e Iberoamérica.

La fiscal remarca que, al ser residente en España, Shakira estaba obligada a presentar las correspondientes declaraciones de IRPF e IP y tributar por toda su renta mundial independientemente de dónde se hubiese producido y cual fuera la residencia del pagador, y cree que, en cambio, ella «se sirvió de un entramado societario, derivando las rentas a sociedades domiciliadas en países de baja tributación y alta opacidad» para evitar pagar el total que le correspondía por estos impuestos.

Las sociedades que presuntamente utilizó para evitar pagar impuestos se constituyeron en Luxemburgo, Holanda, Malta, Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, Estados Unidos o Liechtenstein.

Se trata de la segunda causa penal abierta contra la cantante por presunta defraudación fiscal. La primera de ella se centró en ejercicios anteriores y Shakira afronta una petición de ocho años de cárcel por presunto fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014, que ya ha abonado de forma preventiva. En este caso el juzgado que instruirá la querella será el número dos de Esplugues de Llobregat, donde la pareja tenía su residencia hasta su separación.