La defensa de Daniel Sancho pide la «repetición del juicio» por «la aparición de nuevas pruebas»

Nuevo episodio en el caso Daniel Sancho, la defensa del español, encarcelado desde 2023 y condenado por el asesinato con premeditación al colombiano Edwin Arrieta, ha pedido la repetición del juicio ante «una nueva evidencia oral de nuevos testigos», según el escrito de los representantes de Sancho.

El texto, al que ha tenido acceso la agencia EFE y recogen varios medios de comunicación, solicita una audiencia pública y que se «dicte una nueva sentencia», ya que la actual que condena a cadena perpetua por asesinato premeditado y descuartizamiento no se corresponde, según ellos, con la realidad. La defensa del hijo del actor Rodolfo Sancho mantiene que la muerte de Edwin Arrieta el 2 de agosto de 2023 se debió a un accidente.

El recurso de unas 400 páginas y entregado a las autoridades tailandesas justifica esta «inusual petición» en que, afirma el texto, «casi inmediatamente después de la lectura de la sentencia surgieron nuevas circunstancias que constituyen una prueba completamente nueva».

Esa «nueva circunstancia» se llama Paisan Sangthep, coronel de la policía tailandesa, agente que estuvo en la primera declaración del español en la comisaría de Phangan y que se produjo horas después de conocer la muerte de Arrieta. Sin embargo, Sangthep no declaró en el juicio. Ahora, la defensa reclama su presencia ante los tribunales después de que este policía tailandés participara en el documental 'El caso Sancho' de la plataforma Max.

En uno de los capítulos, Sangthep admite que el condenado «no admitió premeditación». Según el recurso, la declaración de Sancho a la que hace referencia Paisan contradice el contenido de la confesión presentada por la Policía.

La defensa, además, señala varias irregularidades cometidas durante la investigación y el proceso judicial. Los abogados de Sancho construyen su argumentación en la falta de soporte digital que documente la confesión del joven español. «El juez utiliza para justificar que hubo premeditación no fue grabada ni en audio ni vídeo «como establece para este tipo de casos el reglamento de la Policía y el artículo 22 de la Ley de Prevención y Represión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas», recogen una de las 400 páginas del texto. «Es simplemente imposible creer que en un caso de tan alto perfil como este, la Policía investigadora no haya grabado un interrogatorio tan importante del acusado en alguna videocámara con sonido, o al menos, haya usado un par de sus propios teléfonos inteligentes para realizar tales grabaciones», añaden.

Casi siete meses después de la celebración del juicio, ambas partes ya han puesto sobre la mesa del juez tailandés sus recursos. Más de medio año ha tardado la defensa de Sancho, en apenas unas semanas lo hizo la acusación particular. Los Arrieta, no contentos con la sentencia final, pidieron elevar el castigo a pena de muerte.

La sentencia sostuvo que Sancho, de 30 años, planeó el crimen y «golpeó» con «intención de matar» al cirujano plástico colombiano en agosto de 2023 en la isla de Phangan, cercana a Samui, donde ambos habían quedado ese día, y que planeó el crimen con la compra previa de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico. Los restos descuartizados de Arrieta fueron encontrados en varios lugares de la isla, incluido el mar. El asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en Tailandia, pero el juez señaló en la sentencia que la confesión inicial del acusado ante la Policía sirvió de atenuante para rebajar la condena a cadena perpetua.

En un primer momento, los allegados del cirujano colombiano se mostraron satisfechos con la condena, pero con el paso de los meses su posición ha variado. «Pedimos dos cosas clave que aún no han llegado: un hipotético perdón y la indemnización», declaró hace unos días Juan Gonzalo Ospina, abogado español de la familia, en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.

La sentencia tailandesa obliga al pago de una indemnización de 107.000 euros a la familia de la víctima, poco más de un cuarto de la compensación de 410.000 euros (16 millones de bats) que solicitaba la familia.