La JEC defiende que había medios para que los contagiados votasen

La resolución llega al calor del debate jurídico abierto sobre la posible vulneración de derechos fundamentales de los 200 ciudadanos, no solo del brote de Ordizia, afectados por esta prohibición del Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu. Mientras tanto, los contactos estrechos de estas personas con una PCR negativa, y que están en aislamiento preventivo, sí podrán votar pero con medidas de «extrema» seguridad, preferentemente con la papeleta preparada de casa y en las horas de menor afluencia.

El acuerdo de la JEC, al que ha tenido acceso este periódico, está firmado por el presidente Antonio Jesús Fonseca-Herrero, magistrado del Tribunal Supremo. Señala que entre sus competencias no está realizar la función notarial que impone el artículo 72 de la LOREG, que regula el derecho a sufragio por correo en caso de enfermedad o incapacidad. En concreto, detalla la posibilidad de que otra personas diferente del elector pueda ejercer su derecho mediante autorización notarial y con el parte médico correspondiente.

La JEC también recuerda al Gobierno vasco que el Real Decreto del estado de alarma era muy claro con respecto a las actuaciones electorales. Dice que el Ejecutivo central dispondrá lo oportuno para que el servicio público de correos, los fedatarios públicos y demás servicios de su responsabilidad «coadyuven el mejor desenvolvimiento y realización de las elecciones autonómicas». Es decir, la competencia con el estado de alarma era del Gobierno y ahora, tras decaer el decreto, de la administración autonómica.

En consecuencia, concluye la Junta Electoral Central, desde el 9 de mayo existe un mandato claro sobre las elecciones y el 25 de junio, además, el órgano adoptó un acuerdo para facilitar la función del notario en el voto por correo. Pero el tiempo se ha echado encima y ya no hay posibilidad de que el Gobierno vasco implemente un sistema de sufragio a distancia para los contagiados por coronavirus.

Asimismo, fuentes jurídicas han recordado que los notarios, como funcionarios públicos, ofrecieron hace tres meses hacer poderes gratuitos a personas que no pudieran votar por culpa de la pandemia. La idea era utilizar la sede electrónica notarial que funciona desde hace 16 años y realizarlo a través de videoconferencia con total seguridad. Tan solo hubiera bastado un real decreto para regular este sistema. Del mismo modo, las citadas fuentes han denunciado que ha habido notarios a quienes no se les ha permitido entrar en residencias de ancianos de Galicia y País Vasco para hacer poderes electorales.