Ayuso, sobre las amenazas recibidas: «Quien hace esto busca protagonismo»

Ayuso no quiere poner el acento en las amenazas recibidas porque entiende que «crea un efecto contagio innecesario». Pero tampoco está dispuesta a firmar el manifiesto por el «respeto y la conciliación» frente a la violencia que ha propuesto el liberal Edmundo Bal al reto de cabezas de listas del 4-M y que, entre otras cosas, pide que se condene «toda expresión de violencia, incluidas amenazas, coacciones y señalamientos» independientemente de a quién se dirijan. «Ese manifiesto sobra. Es evidente que todos condenamos la violencia y buscamos la concordia», ha aseverado.

La dirigente del PP defiende pertenecer a un partido que, como muchos «otros muchos», está de acuerdo con el pacto del 78 y que son «fieles garantes de la Constitución». En el lado opuesto ha situado al exvicepresidente Iglesias al que ha acusado de atentar contra el Rey, de alentar la violencia, y de pactar «con las personas que lo último que quieren es lo mejor para nuestro país, que son los que fomentan los escraches».

Ayuso ha hablado esta mañana con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que le ha confirmado que la carta amenazante contra ella interceptada en una oficina de Correos en Cataluña contenía dos balas del calibre 22. Según ha explicado, el sobre está custodiado por los Mossos y pasará a disposición judicial para proceder a su apertura.

Sobre las amenazas también se ha pronunciado el presidente del PP, Pablo Casado, que ha insistido en reclamar «serenidad» durante un acto con víctimas de ETA. El líder de los populares ha asegurado que en España «no hay un problema de convivencia, hay un problema de polarización instigada por un Gobierno desesperado porque va a perder estrepitosamente las elecciones en Madrid». Por eso, ve irresponsable que la formaciones lleven esa polarización a la calle para intentar movilizar y advierte de que al PSOE «le conviene l tensión en campaña».

Casado ha presentado este miércoles en Aranjuez la ley que el PP registró hace unos días en el Congreso para prohibir el homenaje a los etarras excarcelados y para que las víctimas de la banda puedan alegar o recurrir los acercamientos de estos presos a cárceles próximas al País Vasco.