Vox acapara el protagonismo y descoloca a PP y Ciudadanos en víspera de las elecciones

En el debate celebrado el jueves por la noche en la Sexta, apenas unas horas después de aprobarse la iniciativa, la portavoz de Vox en el Parlamento madrileño, Rocío Monasterio, agradeció a las representantes del PP, Ana Pastor, y de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que se hubieran «subido a nuestra propuesta», y les animó a que se alegraran porque era «una buena noticia». Las interpeladas guardaron silencio. Solo Pastor atinó a decir que la ilegalización es un asunto del Supremo.

Las rectas finales suelen traer buenas noticias al partido de extrema derecha. El último día de la campaña del 28 de abril, el líder del PP invitó a Vox, con independencia del resultado que obtuviera, a «entrar en el Gobierno». La oferta también era para Ciudadanos, pero lo que chirrió fue que Pablo Casado se dirigiera en ese tono cómplice a los ultraderechistas.

Si entonces se entendió poco dentro del propio PP, menos se explicaban esta vez numerosos dirigentes populares el respaldo a una medida, sin ningún valor efectivo pero de fuerte impacto político. Sobre todo a tres días de las elecciones. La opinión más extendida en la formación de Casado era que ese gesto beneficia sobre todo a Vox porque impone su discurso en el centroderecha. Una ayuda innecesaria a todas luces porque mientras el partido de Abascal continúa en franca ascensión electoral, los sondeos internos de los partidos sitúan sus expectativas más cerca de los 60 escaños que de los 50, las perspectivas del PP van a la baja, en los 'tracking' están entre 70 y 80 diputados y cayendo.

Ningún miembro de la dirección del PP salió, sin embargo, a desmarcarse de una propuesta que en el imaginario de Vox implicaría la ilegalización de Esquerra, JxCat, PNV, EH Bildu y el BNG. Algunos, como los nacionalistas vascos, aliados del PP hasta hace nada. El PNV, sin ir más lejos, apoyó los últimos Presupuestos de Mariano Rajoy en 2018. Casado guardó silencio, y el secretario general, Teodoro García Egea, declinó hacer comentarios porque supodría «hacer un gran favor a Pedro Sánchez». Apenas la candidata por Álava, Marimar Blanco, apuntó un esbozo de rectificación porque no significa que se van a ilegalizar partidos por el hecho de ser independentistas. Los tribunales, arguyó, actuarán contra los que «atenten contra el Estado de derecho».

En Ciudadanos, en cambio, su plana mayor salió en tromba a marcar distancias. Albert Rivera señaló que se puede ser «ser independentista, liberal, conservador, socialista y hasta comunista», pero «no se puede ser violento» y ser una organización legal. Su secretario general, José Manuel Villegas, aclaró que no pretenden «ilegalizar los partidos independentistas», y además, criticó la proposición apoyada por su partido en la Asamblea de Madrid porque tiene deficiencias técnicas ya que «no se sabe qué es eso de que atenten contra la unidad de España jurídicamente». Pero «no fue un error» haberla apoyado, según Villegas, porque el texto tenía «cosas con las que estamos de acuerdo».

Vox era el reverso de la moneda. en el partido de Abascal reinaba la satisfacción porque creen que el apoyo de PP y Ciudadanos a su propuesta demuestra que marcan el paso en el centroderecha y se va a traducir en un mayor trasvase de votos. Los estudios demoscópicos calculaban esta semana que el 17% del voto al PP en abril se ha ido al partido ultraderechista, y el 14% en el caso de los liberales.

El Gobierno, entretanto, se plantea dar el mismo trato a la proposición de la Asamblea de Madrid que las mociones independentistas aprobadas en el Parlamento de Cataluña. Pedro Sánchez anunció que los servicios jurídicos gubernamentales estudiarán «si hay base legal, y si la hay, vamos a impugnar esa resolución» ante el Constitucional.

El candidato socialista lamentó que fuerzas democráticas, como PP y Ciudadanos, se planteen ilegalizar «a quienes no piensen» como ellos. Dar ese paso, añadió en TVE y en la cadena Ser, es entrar «en una deriva reaccionaria muy peligrosa». Pero también hizo una lectura política para señalar que lo ocurrido demuestra «la imposición ideológica» de Vox sobre el PP y Ciudadanos. «Les está devorando electoralmente», añadió.

Los socialistas no se explican el, a su entender, error de populares y liberales, sobre todo por lo innecesario. El emplazamiento al Gobierno para la ilegalización de fuerzas independentistas es un brindis al sol porque esa decisión corresponde al Supremo y en última instancia al Constitucional. Debió de ser, apuntan, por temor a verse rebasados por Vox en el discurso de dureza hacia el soberanismo catalán. Para Pablo Iglesias, no hay que romperse la cabeza porque se trata de «fuego de artificio electoralista».