PP y Cs rivalizan como protectores de las clases medias y los autónomos

María Marrodán (PSOE) defendió las políticas «socialdemócratas» que «en los diez meses de Gobierno de Pedro Sánchez han favorecido un reparto justo del crecimiento de la economía» y una «dignificación del mercado laboral» estableciendo en 900 euros el salario mínimo interprofesional (SMI) y «la conversión de falsos contratos temporales en indefinidos». Asimismo, Marrodán sostuvo que «no puede haber justicia social sin una fiscalidad justa» por lo que las grandes empresas y los patrimonios más elevados «deben pagar más».

María Luis Alonso (Ciudadanos) responsabilizó a los gobiernos del PSOE y del PP de «los contratos basura», contra los que propuso un contrato único fijo, y les dio «la bienvenida a la defensa de los autónomos» después de «no haberse acordado de ellos». En este sentido, reivindicó a Cs como «el partido de los autónomos», a los que oferta la tarifa plana (cotizaciones a la Seguridad Social) de dos años y aplazar el pago del IVA hasta que cobren sus facturas.

Edith Pérez (Unidas Podemos) enfatizó que el SMI de 900 euros es una realidad «gracias a nuestra presión sobre el PSOE» y abogó por incrementarlo hasta los 1.200 euros. Para combatir lo que considera «un incremento de la desigualdad» defendió un modelo fiscal «progresivo», derogar que el pago de la deuda se priorice sobre las personas, recuperar los 60.000 millones de euros del rescate bancario, convertir a Bankia en un banco público y crear una empresa nacional de energía. En materia fiscal planteó rebajas en todos los impuestos directos e indirectos para «la mayoría social», gravando más «a las multinacionales, los bancos, los que más ganan (por encima de los 100.000 euros) y las grandes fortunas». Y, asimismo, prometió tumbar las reformas laborales y prohibir contratos con una duración inferior a un mes.

Víctor Grandes (PR+) alertó de que «no se pueden subir más los impuestos a las clases medias» y propuso estimular fiscalmente la consolidación de la población en el medio rural. Reclamó la aplicación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía para «obtener los 300 millones que el Estado nos adeuda en compensación por el 'efecto frontera' para hacer una Rioja mejor» y acabar con el déficit en infraestructuras «para atraer empresas, crear empleo».

Por último, Jorge Cutillas (Vox) lamentó que La Rioja esté en los puestos de cola en los rankings económicos y denunció «el agravio comparativo con otras comunidades que se traduce en más paro». Cutillas planteó un tipo único del 20% en el IRPF para rentas de hasta 60.000 euros, suprimir el Impuesto del Patrimonio y reducciones del IVA en productos básicos para niños y mayores. También instó un nuevo plan hidrológico y un estudio sobre las infraestructuras reclamando el cierre del aeropuerto por «innecesario».