Lejos quedan aquellos tiempos en los que los resultados de las elecciones generales señalaban con claridad al futuro presidente del Gobierno. La complejidad del mapa electoral que deja el 23-J devuelve al terreno del posible bloqueo ya transitado en 2016 y 2019 a todos ... los actores de la democracia incluido el rey Felipe VI, que en las próximas semanas, y cumpliendo con el papel que le otorga la Constitución, deberá proponer un candidato a la presidencia del Gobierno con dos opciones sobre la mesa: designar al más votado, el popular Alberto Núñez Feijóo, o hacerlo con el que más apoyos cuenta, por lo menos en teoría, el socialista Pedro Sánchez.
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El artículo 99 de la Carta Magna marca el camino tras las elecciones generales. «Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno», reza el texto. Es decir, una vez que los aspirantes conozcan de primera mano qué respaldos poseen, Felipe VI designará a uno de ellos para la investidura. Pero para que el Rey comience a pulsar la opinión de las formaciones políticas que han conseguido representación quedan todavía, como pronto, tres semanas, toda vez que el proceso comenzará después de la constitución del Congreso fijada para el 17 de agosto.
Los expertos, no obstante, descartan que Felipe VI se incline por soluciones sorprendentes y rechazan que se le quiera implicar en el juego político. «Hay un riesgo en querer atribuir al Rey un papel de mediador, en lugar de un rol institucional. Su labor es clara: constatar una situación a la que se debe llegar tras las conversaciones de los líderes», señala Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. «Felipe VI tiene por delante un camino delicado y sofisticado, cumpliendo una función estrictamente neutral y buscando el candidato más viable, pero es evidente que en este proceso no va a haber extravagancias», destaca, por su parte, Juan José Laborda, expresidente del Senado y presidente hoy de la Red para el Estudio de las Monarquías Contemporáneas (Remco).
En la práctica, apunta Solozábal, Felipe VI designará en primer lugar a Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno al ser el líder más votado en los comicios. «En la situación que han dejado las elecciones, el Rey debe encargar al ganador que saque la investidura, y ya se verá si lo consigue. No le puede negar esta oportunidad al candidato más votado. Otra cosa es que más adelante pueda dar la posiblidad de formar Gobierno a otro candidato», resume el catedrático, una opinión compartida con Laborda: «Es importante que Feijóo pueda optar a la investidura, y si no la logra, también podrá hacerlo Sanchez en caso de que consiga un número de diputados dispuestos a apoyarle».
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Solozábal está totalmente convencido de que Felipe VI «no va a asumir un protagonismo que no le corresponde». «El Rey tiene una exquisita neutralidad institucional y no va a plantear ningún problema, más allá de la vidilla que a esta situación se le quiera dar», indica el catedrático, y concuerda con Laborda en que la transparencia va a ser uno de los principios rectores del Rey durante las próximas semanas. «Probablemente con pequeños comunicados dará cuenta de los pasos que va tomando, ya que esta decisión tiene que destacar sobre todo por su limpieza y su ecuanimidad», asevera el expresidente del Senado, que concede al monarca el papel de «un juez que se encuentra por encima de los partidos».
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Una vez constituido el Congreso, el Rey, previa consulta con los grupos con representación parlamentaria, y a través del presidente de la Cámara, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
El aspirante propuesto expondrá el programa político del Gobierno que pretenda formar. Necesitará mayoría absoluta en primera ronda. Si no lo logra, se repetirá la votación a las 48 horas bastándole con la mayoría simple.
Si el candidato no obtiene la confianza del Congreso, se tramitarán sucesivas propuestas. Transcurridos dos meses desde la primera votación sin que nadie logre la investidura, el Rey disolverá las Cortes y convocará unas nuevas generales con el refrendo del presidente del Gongreso.
No es la primera vez, sin embargo, que la investidura, un camino llano cuando existen mayorías absolutas o acuerdos claros entre formaciones, se torna en un sendero montañoso. Después de los comicios del 20 de diciembre de 2015, en los que el PP fue la fuerza más votada, pero con unos insuficientes 123 escaños, Felipe VI, que además se estrenaba en esta tarea tras su coronación el año anterior, designó a Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno, pero el líder popular rechazó la propuesta porque sabía que no contaba con la mayoría suficiente y porque quería ganar tiempo: si hay un debate de investidura fallido, comienza a correr el plazo de dos meses para que otro aspirante intente conseguir la presidencia del Gobierno. Si en ese periodo nadie lo logra, se disolverían las Cortes y se convocarían nuevas elecciones 47 días después (una reforma electoral en 2016 redujo el plazo de 54 a 47 días en los casos de bloqueo político).
Las rondas de consultas, cuando se complican, ofrecen imágenes llamativas. En 2019, tras el referéndum inconstitucional de Cataluña, el Rey recibió a la líder soberanista Laura Borrás. Ahora, una hipotética repetición electoral podría darse en torno a Navidad.
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