Marlaska ordena «identificar» supuestos bulos que busquen «alterar la voluntad del votante» el 23-J

La instrucción que firma el número 2 de Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, se muestra obsesivamente preocupada por la posibilidad de que supuestas campañas de bulos puedan interferir el «derecho al voto libre e informado» de los electores. De hecho hay hasta siete menciones a la «desinformación», solo en el anexo que fija el «protocolo» de medidas de ciberseguridad y su apéndice.

El Ministerio del Interior, en ese documento que no ha sido enviado ni siquiera a los más altos mandos uniformados, en un primer momento establece simplemente que las fuerzas de seguridad deben ocuparse de posibles «incidentes de ciberseguridad» relacionados con los comicios, algo obvio, tales como «intrusiones». La orden, en un principio, fija que policías y guardias civiles «realizarán tareas de vigilancia y monitorización en las redes y sistemas de información acerca de objetivos, individuos y colectivos implicados en posibles actividades de carácter subversivo o delictivo, así como las herramientas de ataque que éstos puedan emplear». Esta es una mención que, según fuentes de la seguridad del Estado, está dirigida a intentar neutralizar ciberataques contra los sistemas técnicos que soportarán la jornada electoral, y muy en particular a la actividad de hackers apadrinados por países hostiles, como Rusia, que puedan, por ejemplo, intentar boicotear el recuento del domingo.

La parte más vidriosa de esta directiva es cuando Interior encarga a los funcionarios la «prevención, reacción y coordinación», no solo «en materia de ciberseguridad», sino también en la «lucha contra la desinformación». Es ahí el momento en el que se establece como prioridad que se «identifique las posibles campañas de desinformación para alterar la voluntad del votante durante las elecciones».

Para ello, Interior decreta que los servicios policiales desarrollen «una vigilancia digital sobre fuentes abiertas y la deep web, que implicará la monitorización activa en fuentes abiertas (OSINT – Open Source Intelligence), y otras fuentes disponibles (CYBINT-Cyber Intelligence)» a fin de encontrar esas informaciones que, a criterio de los investigadores, sean supuestas 'fake news' con la presunta intención de alterar el voto del elector.

Los criterios de qué es un bulo o una 'fake news' que fija Interior son muy poco concretos. Así, ordena denunciar como «campaña o incidente de desinformación» toda aquella que «pueda poner en cuestión la transparencia y el funcionamiento del desarrollo de las elecciones, así como poner en jaque el derecho al voto libre e informado y generando dudas sobre su legitimidad». La única orientación de qué es un bulo es la igualmente controvertida Orden PCM/1030/2020 que en octubre de 2020, tras la primera oleada de pandemia, aprobó el Consejo de Seguridad Nacional.

La instrucción de la seguridad en las elecciones del 23 de julio, que igualmente ordena monitorizar «aquellos hashtags de mayor impacto en relación con el evento» (los comicios)», es tajante a la hora de fijar quién debe ser el último y único receptor de esos informes sobre esos supuestos bulos dirigidos a alterar la voluntad del votante: Moncloa. La instrucción dictamina que la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), de la que forman parte las fuerzas de seguridad, estará obligada a «notificar» al Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia de Gobierno (DSN) la existencia de cualquier posible campaña o incidente de desinformación».

Por tanto, cualquier bulo o 'fake news' que, a criterio de los mandos políticos del Ministerio del Interior, «pueda poner en cuestión la transparencia y el funcionamiento del desarrollo de las elecciones, así como poner en jaque el derecho al voto libre e informado y generando dudas sobre su legitimidad» debe ser reportado de inmediato directamente al equipo más cercano de Pedro Sánchez.