La Justicia ha inadmitido trece querellas de Vox contra rivales políticos desde 2014

Ese año, la formación presidida por Santiago Abascal puso en marcha en redes sociales una campaña para defender el «ordenamiento constitucional y la unidad nacional», llamada 'Vox te defiende'. En ella, un grupo de abogados trabajaron «de forma voluntaria para dar ideas y enfoques jurídicos», según rezaba la iniciativa, que tuvo poco impacto (apenas seis comentarios y 38 veces compartido en Facebook).

En estos cuatro años y medio, la campaña judicial tampoco ha tenido una respuesta efectiva en los tribunales cuando el partido ha liderado la acusación. Todas las querellas a líderes políticos han sido inadmitidas. Y solo en las causas del 'procés', su gran escaparate mediático, o contra la cúpula de los Mossos por presunta pasividad en el referéndum ilegal de 2017 (seguida por un juzgado barcelonés) han tenido un éxito parcial. Los abogados de Vox fueron oportunistas y se personaron antes que nadie como acusación popular -tras abonar las pertinentes fianzas- cuando el procedimiento penal ya estaba iniciado.

Por ejemplo, a la causa del 'procés' en el Supremo llegaron por arrastre desde el TSJC tras la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlament por tramitar las «leyes de desconexión». En cualquier caso, pese al portazo de los tribunales solo la presencia en la causa del 'procés' justificaría la hiperactividad judicial de Vox. Y en esta estrategia se encuentra una de las razones de su irrupción electoral el 28-A: 2,67 millones de votos y 24 diputados.

Bien es sabido que la judicialización de la política forma parte de la batalla partidista. Ello gracias a la posibilidad de que las formaciones pueden ejercer, como persona jurídica, la acusación popular en un procedimiento penal (pese al recurrente debate en el mundo judicial de que habría que restringir a los partidos este derecho constitucional, una excepción en Europa).

El paradigma fue la personación del PSOE en 'Gürtel' desde que estalló en 2009. Después cogería el testigo Izquierda Unida con los 'papeles de Bárcenas' en 2013. También UPyD tuvo un papel clave en el 'caso Bankia', que ahora se juzga, y el PP fue parte activa en la acusación de los 'ERE' fraudulentos en Andalucía, que ya espera sentencia.

Con este panorama mediático-procesal, los estrategas de Vox vieron una oportunidad de emprender acciones judiciales vinculadas a la defensa de la unidad nacional. Y la inestabilidad en Cataluña desde la sentencia del Estatut en 2010 dio munición al plan. No fue casualidad que la primera iniciativa fuera una querella contra Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, por la consulta del 9 de noviembre de 2014. Vox le acusó de rebelión y sedición ante el TSJC. La acción tuvo poco sentido procesal, porque meses antes este mismo órgano ya había archivado otra similar de Manos Limpias, el pseudosindicato especialista en acudir a los tribunales.

La segunda acción tuvo lugar dos días después del 9-N. Vox quiso dar un golpe de efecto y se querelló contra Mariano Rajoy por dejación de funciones. Pero el Supremo inadmitió la querella porque el presidente «no tiene obligación directa de perseguir supuestos hechos delicivos». El siguiente movimiento llegó en junio de 2015 y el objetivo fue Santiago Espot, promotor de la pitada al Himno Nacional en la final de la Copa del Rey en Barcelona (fue juzgado y absuelto por la Audiencia Nacional).

Tras un paréntesis de varios meses, el siguiente en la lista fue Pablo Iglesias por delitos de blanqueo de capitales, electorales y por comprometer a la paz del Estado por sus presuntos vínculos con el régimen chavista. Pero también fue inadmitida. Y casi de forma simultánea el partido de Abascal denunció en la Audiencia Nacional a Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, por detención ilegal y torturas a dos responsables de Vox, que desplegaron en el peñón una gran bandera nacional en junio de 2016.

Pero si hay un año clave en la estrategia fue 2017. Con el 'procés' en el ambiente, el partido cabalgó a lomos del contragolpe conservador, simbolizado en la bandera nacional de los balcones de toda la geografía. Sus acciones adquirieron más eco mediático y el 'crowdfunding' les permitió pagar las fianzas para personarse. Se sumaron querellas a la Mesa del Govern, el Sindicato Electoral en Cataluña, la cúpula de los Mossos «por hacer caso omiso a los avisos de posibles atentados»; la ministra de Justicia por no defender al juez Llarena; o a Puigdemont por demandar al magistrado en Bélgica.

También fue inadmitida en el Supremo en febrero pasado la querella contra Pedro Sanchez por su tesis doctoral o en abril al presidente catalán Quim Torra por defender la «vía eslovena» para Cataluña.