Una investidura aún más apretada y bajo el marcaje de Puigdemont

Los adjetivos se agotan para definir un pulso que, una vez computado el voto CERA, deja a ambos bloques en 171 escaños, con el peso decisorio de Junts engordando y la renovada posición de fuerza de Coalición Canaria, que ha recobrado el Gobierno en las islas frente a los socialistas gracias al aval del PP pero que insiste en que no secundará ningún Ejecutivo con Vox o con Sumar y reclama ahora incluso, con su solitario diputado, poder formar grupo propio en el Congreso «como los nacionalistas» vascos y catalanes.

Con la factura de la gobernabilidad cada vez más incierta y cara, Feijóo y Sánchez se disponen a librar en este verano abrasador la segunda ronda del inacabado 23-J; una guerra de nervios y estrategia de desgaste mutuo en la que los socialistas se afanan en recalcar que nada ha cambiado con el voto llegado del extranjero porque es Junts el que sigue teniendo que dilucidar si juega a un «Gobierno progresista» o a la alternativa del PP con «la ultraderecha» de Vox. En paralelo, los populares aprovechan el respiro que les ha otorgado el escaño arrebatado a sus adversarios para enfatizar la debilidad de un Sánchez al que acusan de haber «perdido el respeto» al PSOE y a España; y denunciar «la forma tan indecente» en que el presidente en funciones se debate entre «o Bildu u oposición, independentismo o mudanza».

Los populares, no obstante -y el matiz es relevante-, no se cierran a hablar con Junts «dentro de la Constitución» y «garantizando» que no habrá un referéndum soberanista, compromiso también de los socialistas de cuya credibilidad dudan en Génova. «Tenemos límites, el PSOE no», objetan a este periódico en el equipo de Feijóo, que solo mantiene tras este 23-J su «veto inalterable» a Bildu «por lo mucho que lloró España por su culpa». En cualquier caso, la reacción de este sábado de Puigdemont ante la reforzada capacidad de Junts para conceder o frustrar la investidura fue nítido: entre el «dedo» del poder y «la luna» del «muy serio y profundo» conflicto catalán, él, curtido como prófugo de la justicia por el 'procés', persigue una resolución que va más allá de «parchear legislaturas» como «vaca ciega». Y la advertencia, en un prolijo mensaje con carga para Sánchez pero también para ERC, resultó igualmente clara: que se «ahorren el esfuerzo» de querer obtener beneficio «ejerciendo presión o practicando directamente el chantaje político» sobre el expresident y los suyos.

Ni la mínima contestación interna. Al menos, de momento. Pedro Sánchez ha sido muy claro respecto a sus intenciones. Está decidido a formar Gobierno con Sumar, no contempla la repetición electoral y tampoco tiene intención de buscar algún tipo de entendimiento con el PP para evitar que los partidos independentistas condicionen la legislatura. Su estrategia pasa por recabar el apoyo de los mismos socios que ya lo sostenían hasta ahora -ERC, EH Bildu, PNV y BNG- y, además el del partido de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat prófugo de la justicia. A nadie en su partido, salvo dirigentes de la época de Felipe González ya sin peso ni influencia interna, se le ha movido una ceja.

Hace siete años la mera hipótesis de un cuadro similar habría sido impensable, pero hoy en el PSOE no se discute al secretario general. Pocos lo hacían ya después de su victoria sobre Susana Díaz en las primarias de 2017. El ascenso de Sánchez a la Moncloa con la moción de censura contra Mariano Rajoy, un año después, redujo aún más las voces críticas. Y los pocos que seguían, de vez en cuando, alertando de los riesgos de las «amistades peligrosas» con los independentistas tienen más complicado hacerlo ahora.

El extremeño Guillermo Fernández Vara, integrado en la ejecutiva de Sánchez, fue el primero en aceptar, una vez dirimida la pugna interna, la doctrina oficial, movido por su concepto de lealtad al líder. En todo caso, está de retirada. Elegido ya senador por designación autonómica, tiene intención de dejar las riendas del PSOE en su tierra en otras manos, después de haber perdido la Junta por la suma de PP y Vox. El aragonés Javier Lambán, mucho más belicoso en su discurso contra los nacionalismos, también está ya de salida. Y el gran resistente del 28-M, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, prefiere por ahora permanecer en silencio.

La última resurrección del presidente del Gobeirno en funciones, cuando todo parecía decidido en su contra, ha reforzado de alguna manera su legitimidad. La paradoja es que el propio Sánchez asumió tras las autonómicas y municipales de mayo que los presidentes y alcaldes socialistas que se vieron desbancados de las instituciones lo hicieron porque sufrieron un castigo que, en realidad, no iba dirigido a ellos, sino a él. El 23-J, sin embargo, sumó un millón de votantes respecto a 2019. Perdió 12 escaños repartidos entre Andalucía, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha; pero sumó 13 en Cataluña (siete, a costa del independentismo), Navarra, País Vasco, Cantabria, Baleares, Canarias y Valencia.

Nadie niega que gobernar en minoría y condicionados por un partido que apuesta abiertamente por «doblegar» y «desbordar» al Estado será complicado. Pero ni el jefe del Ejecutivo en funciones ni su partido parecen estar dispuestos a darle demasiadas vueltas. «Es nuestro sino», replica un miembro de su ejecutiva. El pasado lunes, Sánchez se limitó a celebrar ante los suyos una segunda plaza que sabe a victoria y deseó buenas vacaciones a todo el mundo. Él mismo tiene intención de descansar hasta mediados de mes.

El presidente no tiene prisa. Confía en que el temor a una repetición electoral en la que puedan ver mermados sus apoyos bastará para que Junts se convenza de que le merece ayudarlo a mantenerse en la Monlcoa aun sin amnistía ni referéndum, cuestiones que el PSOE sigue considerando líneas rojas. Y mientras espera a que los resultados del 23-J se decanten, ejercerá la presidencia de turno de la UE hasta diciembre. Su previsión es, como pronto, una investidura en otoño.

«Este partido es un solo hombre detrás de Alberto Núñez Feijóo». La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, cortaba de raíz el viernes cualquier debate paralelo sobre el liderazgo del político gallego tras la victoria exigua del 23-J que le ha dejado ante un escenario casi imposible para ahormar una mayoría de gobierno. Pese al mal sabor de boca por un resultado que nadie en el PP se esperaba -en la dirección nacional en ningún momento dudaron de que sumarían con Vox-, el cierre de filas es absoluto. Los barones creen que no hay motivo para la alarma ni para cuestionar al sucesor de Pablo Casado después de que haya situado al PP como primera fuerza y principal eje de poder territorial en tan solo quince meses. «Ha unido el partido, lo ha pacificado y ha ganado las elecciones», resume uno de los líderes regionales con más peso.

La decepción dentro de la formación conservadora es palpable, pero no ha abierto un debate interno más allá de los importantes errores estratégicos y la excesiva confianza en la «lluvia de sondeos a favor» que tanto alejó el escrutinio final de las expectativas. Los populares obtuvieron 136 escaños -137 ahora gracias al voto CERA- frente a las optimistas previsiones que hablaban de una «mayoría suficiente» de entre 150 y 160 diputados. «Estamos en 'shock'», constataba un dirigente tras otro el lunes, 24 horas después de cerrarse las urnas. La mayor parte de ellos se veían ya de vuelta a la Moncloa, por la puerta grande. Incluido el propio Feijóo. «Yo he venido aquí para ganar y gobernar. Si no, no habría venido», pronunció durante su primer discurso como presidente del PP.

Acostumbrado a las mayorías absolutas, el dirigente gallego trata de digerir el golpe mientras busca visibilizar que él ganó las elecciones. Un triunfo que, por estéril que sea, le «obliga» a encabezar el «diálogo» con el resto de grupos; diálogo que apoyan sin fisuras en el partido. «Debe intentarlo aunque falle», anima un presidente autonómico. «Ha ganado y es su obligación», añade otro cargo territorial.

Los populares no quieren repetir lo que interpretan como el error de Inés Arrimadas, que no se presentó a la investidura en Cataluña pese a haber sido la candidata más votada, con un resultado histórico, en las autonómicas de 2017. Después, Ciudadanos se fue desinflando hasta caer en la irrelevancia absoluta. Por eso, Feijóo dará el paso si, tras la preceptiva ronda de contactos con los grupos parlamentarios, el Rey así se lo propone.

El líder del PP es consciente de que su investidura está condenada, salvo sorpresa, al fracaso tras confirmarse que no puede contar con el PNV, pero no tira la toalla y lo intentará hasta el final. Llamará a Pedro Sánchez esta semana una vez resuelto el conteo del voto de los residentes en el extranjero a pesar de que desde la Moncloa han enfriado esa posibilidad. Tanto que apuntan a septiembre como fecha para un eventual encuentro entre ambos.

A diferencia de su rival, Feijóo no se irá de vacaciones y se centrará en preparar junto a su equipo los próximos pasos. La baza que le queda es que Sánchez falle en su búsqueda de apoyos entre los independentistas y el país se asome a una repetición electoral. Pero, ante la otra posibilidad -un nuevo Gobierno de izquierdas- en el PP dejan claro que el dirigente gallego no debe marcharse y ha de ocupar su escaño en el Congreso al frente de la oposición. El convencimiento general es que la legislatura será «corta» porque la dependencia del candidato socialista de ERC y EH Bildu, con elecciones en Cataluña y el País Vasco a la vista, será todavía mayor. Y Feijóo tiene el fortín del Senado, con mayoría absoluta, y doce comunidades para «presentar batalla».