Financiación y despoblación

Estos problemas endémicos no se solucionarán hasta que se haga una reforma en profundidad del modelo de financiación autonómica. Dicha reforma lleva seis años bloqueada y ninguno de los partidos que se presentan a los comicios ha presentado una propuesta concreta y ha dado prioridad a esta cuestión de Estado, en la que el conflicto catalán, el peso político de las autonomías más pobladas y con mayor número de escaños y los intereses partidistas están incidiendo directamente para relegar la modificación a un segundo plano. Es una demostración más de los desequilibrios y de las carencias de solidaridad territorial y social que atenazan al conjunto del Estado. De hecho, el gasto por habitante que supone atender en el ámbito rural a un alumno, a un enfermo o a un sociodependiente en la mayor parte de las tres provincias de Aragón casi duplica el precio que cuestan esos mismos servicios en las capitales españolas.

Corregir estas desigualdades entre las autonomías requiere de sensatez, generosidad, voluntad y de visión política en profundidad, porque una España interior desarrollada favorecerá el consumo, la producción y el crecimiento económico en todo el Estado, pero sobre todo en la España periférica, la de mayor renta per cápita y mayor capacidad de producción. La apuesta no es solo para frenar la despoblación, debe ser más amplia, tiene que sopesar el valor añadido, apostar por la I+D+i y precisa de una acción conjunta de todas las instituciones, de todos los ministerios y de todos los partidos. Y por ahora, ningún gobierno desde 1979 ha tenido un proyecto de Estado para crear un futuro esperanzador en Aragón. Veremos tras el 28-A.