Los cuatro partidos nacionales cierran el primer acuerdo de la legislatura en la Mesa del Congreso

La batalla sin concesiones que fue la campaña de las generales entre PP y Ciudadanos, por un lado, y PSOE, por el otro, no apareció por ningún lado en la negociación de la Mesa del Congreso. El entendimiento, según fuentes conocedoras de las conversaciones, ha sido rápido y sin discrepancias dignas de mención. Un o una socialista estará al frente del Congreso y será la tercera autoridad del Estado detrás del Rey y el presidente del Gobierno.

El PSOE, además, contará con una Vicepresidencia y una Secretaría. Cargos que también tendrán PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Los excluidos no han protestado porque, primero, con sus números no tienen opción de lograr un asiento en la Mesa. El que más diputados tiene es Vox, 24 escaños, una cifra que no alcanzaría en las votaciones para hacerse con un puesto. El interés político, segundo factor, tampoco ha existido.

De esta forma, la izquierda se asegura el control de la Mesa con cinco de los nueve cargos y podrá marcar los ritmos y el calendario de actividades legislativas. Un asunto no menor cuando ningún grupo tiene la mayoría absoluta. Así se pudo apreciar en la pasada legislatura, en la que PP y Ciudadanos la controlaron y pudieron dilatar algunas iniciativas parlamentarias que iban en contra de sus intereses con las consabidas protestas de PSOE, Podemos y los nacionalistas.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, fue rotunda: «Hay cuatro grandes grupos y entendemos que la Mesa tiene que ser representativa de esa nueva realidad». Por si no estaba claro, la vicepresidenta Carmen Calvo apostilló: «La Mesa tiene que ser representativa de los grandes partidos». Es decir, no hay sitio para nadie más. Aunque ni Esquerra ni el PNV, con cuya incorporación se había especulado, han traslado al PSOE su deseo de formar parte del órgano rector de la Cámara. Vox tampoco lo ha hecho con PP y Ciudadanos, según fuentes de ambos partidos.

La Mesa, por tanto, no ha entrado en el paquete de negociaciones de los socialistas para que el líder del PSC presida el Senado. El PSOE asegura que no va a regatear ni se va a prestar a cambalaches que Miquel Iceta sea designado senador por el Parlamento catalán, paso previo e imprescindible para que después presida la Cámara alta. Esquerra y JuntsxCat se muestran renuentes a respaldar la elección, pero el PSOE no ha ofrecido a cambio un puesto en la Mesa, aseguran en el grupo socialista.

Tampoco ha formado parte de la búsqueda de apoyos para la investidura de Pedro Sánchez, que será el siguiente reto legislativo una vez que se constituyan el Congreso y el Senado. No se ha utilizado como moneda de cambio porque el PSOE cree muy probable que podrá contar con el respaldo de los nacionalistas vascos y catalanes para que su líder continúe en la Moncloa. «Se repetirá la historia de la moción de censura», aventuró un diputado socialista. En aquella ocasión, según el PSOE, los grupos que apoyaron el descabalgamiento de Mariano Rajoy lo hicieron sin pedir nada a cambio. Una explicación que en absoluto satisfizo a PP y Ciudadanos, que denunciaron la existencia de contrapartidas secretas por su respaldo.

El portavoz republicano y el nacionalista vasco, Gabriel Rufián y Aitor Esteban, han conversado durante los últimos días con su homóloga socialista, pero no para tratar sobre la Mesa ni de asuntos conexos; lo hicieron, según dijeron, por cuestiones «logísticas», como la ubicación en el hemiciclo o los despachos. Pero además de esas cuestiones prosaicas, también han comenzado los tanteos para presidir las comisiones legislativas durante la próxima legislatura, que tampoco son cosa baladí en una cámara tan fragmentada como la que se constituirá dentro deuna semana.

La placidez del acuerdo en el Congreso, que se hará público a lo largo de esta semana, es engañosa, advierten en los grupos parlamentarios. El reparto dejó satisfechos a los cuatro grandes y las formaciones menores no convirtieron el asunto en caballo de batalla ante la evidente imposibilidad de modificar el acuerdo. Con todo, no es el preludio de una legislatura pacífica, apuntan desde la oposición conservadora, que espera al debate de investidura para mostrar sus intenciones.