Aragonès insta a Sánchez a «moverse» y eleva su exigencia de un referéndum de independencia

«Corresponde a Sánchez moverse y hacer una propuesta», ha advertido Aragonès dejando claro su programa de máximos: una vía de resolución para el «conflicto» que desemboque en un referéndum de independencia, el «fin de la represión» contra el desafío del 'procés' y una revisión bilateral con el Estado de la financiación autonómica que acabe con «el déficit fiscal y de infraestructuras» de la comunidad. El ya de por sí ajustado escrutinio de la noche electoral, apretado al límite por el recuento del voto CERA que deja en empate a 171 diputados a los bloques que encabezarían Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, ha situado todos los focos sobre Carles Puigdemont y los suyos. Un protagonismo enormemente incómodo para Esquerra, toda vez que el partido de Aragonès y Oriol Junqueras no logra rentabilizar en las urnas su apuesta posibilista por entenderse con el Gobierno y mantiene un enquistado pulso con Junts por la hegemonía y la autenticidad en el movimiento independentista. Un Junts que no apea de sus dos mantras negociadores -el referéndum secesionista y la amnistía para todos los encausados por el 'procés'- viene acusando a sus exsocios en el Govern poco menos que de venderse por un plato de lentejas minusvalorando la mesa de diálogo entre el Palau y la Moncloa, la supresión del delito de sedición y rebaja del de malversación.

El sábado, Puigdemont valoró en Twitter la posición aún más ventajosa de los suyos tras el conteo del voto exterior que ha permitido al PP arrebatar un escaños al PSOE incidiendo en que esto no va de la gobernabilidad española sino de resolver el contencioso catalán; y advirtiendo implícitamente tanto a Sánchez como a Esquerra de que se «ahorren el esfuerzo» de buscar que ceda a través de «presiones» o «chantajes». ERC respondió a las horas con una carta abierta firmada, entre otros, por Aragonès, Junqueras y su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, en la que urgían a Junts a conformar el frente común al que ambos partidos se emplazan sin, por ahora, mayor concreción y a aprovechar la oportunidad que brinda la agudizada dependencia de Sánchez de los diputados separatistas en el Congreso. Artur Mas, expresident de la Generalitat y antiguo líder de la hoy extinta Convergència, se sumó a las voces al pedir a Puigdemont que sea «exigente pero no intransigente».

Con cada una de las familias del secesionismo intentado atraer a la otra a su terreno y con los junteros haciendo un cálculo en el que subrayan el valor, exclusivamente, de sus diputados para decantar la investidura, Aragonès ha vuelto a interpelarles a una unidad de acción de los 14 parlamentarios que suman en total en Madrid, cuyos potenciales réditos ha hecho extensivos a «mayor fuerza» que ejercerían unos «posicionamientos compartidos» también con el soberanismo del PNV y EH Bildu. Pero más allá de ese llamamiento, que ha incluido la convicción del president de que logrará agotar la legislatura pese a la acusada minoría del Govern, lo significativo de la última comparecencia en el Palau antes del parón de agosto ha sido cómo ha endurecido el eventual precio de Esquerra para que el aún jefe del Ejecutivo en funciones vuelva a ser investido.

«En estos cuatro años hemos movido a Pedro Sánchez y ahora Sánchez se tiene que mover«, ha remarcado en varias ocasiones Aragonès, quien se ha negado a jugar en el terreno de »las especulaciones« sobre un hipotético reacomodo en el modelo territorial o en la financiación autonómica y ha requerido propuestas concretas al mandatario socialista si ambiciona retener el poder. El máximo responsable de la Generalitat sigue apostando por un mecanismo de claridad, a la manera canadiense sobre Quebec, para tratar de encauzar un plebiscito pactado con el Estado en el que se pronuncien los catalanes. Pero más allá de que este sea su esquema y de que haya vuelto a negarse hoy a poner fecha para un referéndum -se mostró, de hecho, molesto con la pregunta de un periodista que le constató que su legislatura termina en dos años-, el dirigente de ERC sí ha dejado sentado que ese plebiscito debe preguntar a los catalanes por la independencia.

La respuesta de Junts, encarnada por una de sus dirigentes más radicales, Laura Borràs, ha retratado el estado de las tensas relaciones entre los dos grandes partidos del secesionismo. «De los votos de Junts ya hablaremos los de Junts», ha replicado en Twitter la expresidenta del Parlament, apartada del cargo por su condena por corrupción. «Salir a hablar de la mesa de diálogo y de acuerdo de claridad hoy sólo demuestra su nivel de desconexión de la realidad del independentismo», ha añadido críticamente.

En un marco en que las especulaciones sobre la investidura más incierta remiten a las posibles contrapartidas de Pedro Sánchez al apoyo de Junts, que la financiación autonómica entre en ese posible intercambio negociador amenaza con reabrir por enésima vez esa sensible caja de los truenos. Truenos que ha venido a alentar la ministra de Hacienda al interpretar en este contexto como «una urgencia» la actualización de un reparto de los fondos para las comunidades que está pendiente desde 2014; y al que se suma la hipótesis, que ha esquivado Pere Aragonès, sobre una eventual quita para Cataluña de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, el 'rescate' que articuló en 2012 el Gobierno de Rajoy ante la gran recesión y al que fueron recurriendo varias comunidades; entre ellas, la catalana sacudida por el 'procés'.

Mientras la posibilidad de que Cataluña puede verse favorecida por la dependencia de Sánchez de ERC y de Junts ha comenzado ya a soliviantar a otras regiones, Aragonès ha cargado contra Montero por «especular» con el modelo de financiación e ironizó con que ha tenido un lustro en el ministerio para percatarse de que urge renovarlo. «Si tiene una propuesta, que la diga. Nuestro objetivo es obtener lo máximo posible para nuestra gente», avisa Aragonès, quien descarta «ir de la mano de Ayuso y García-Page», en alusión a sus homólogos de PP y PSOE en Madrid y Castilla-La Mancha, y reclamó una negociación bilateral con el Estado. Un mano a mano, recalca, para que «los recursos que se generan en Cataluña sirvan para financiar los servicios públicos de Cataluña y se acabe el déficit fiscal».