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Mayor presencia de la Guardia Civil en el medio rural, penas de cárcel para determinados casos de ocupación de propiedades privadas, políticas migratorias responsables, oposiciones a los Cuerpos de Justicia.... La candidata del PP de La Rioja al Senado, Ana Lourdes González, ha ofrecido una ... rueda de prensa este lunes para presentar las propuestas del PP en materia de seguridad y justicia, que ha resumido bajo el propósito de lograr un país donde «se puede disfrutar de mayor seguridad y mayor libertad». «La justicia y la seguridad son garantía de derechos y libertades. Sin justicia no hay derechos. Sin seguridad no hay libertad».
Entre las medidas propuestas, el PP incluye la reforma del Código Penal para extender los supuestos de Prisión Permanente Revisable para «los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos como cuando el autor obstruya la recuperación del cadáver de la víctima, en los que haya muertes por incendios o en casos de violencia de género acreditada». Además, ampliarán los plazos de prescripción para algunos delitos como, por ejemplo, la pederastia.
En el ámbito rural, contemplan potenciar la labor de la Guardia Civil , el desarrollo de un «Plan de rehabilitación de comisarías y cuarteles» y el impulso de planes de seguridad utilizando nuevos medios tecnológicos para prevenir robos en explotaciones agropecuarias.
Por otro lado, el PP considera «necesario» reforzar la independencia de los jueces y atender «la especial situación de Cataluña», al tiempo que apuestan por incrementar la plantilla de letrados a través de oposiciones libres. Entre los objetivos, está fortalecer la independencia del Poder Judicia y, de esta manera, los 12 vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos directamente por los Jueces y Magistrados, «fortaleciéndose así la independencia del órgano de gobierno del Poder Judicial».
Asimismo, Ana Lourdes González anunció el compromiso de promover la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, entre otras medidas, prevén una reforma en el ámbito civil y penal para proteger a los propietarios y a las comunidades de vecinos contra la ocupación ilegal de viviendas. Entre estas medidas, se contemplará dar un tiempo de entre 12 y 24 horas para abandonar el edificio ocupado y prevén penas de entre 1 y 4 años de cárcel.
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