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Jorge Alacid
Martes, 21 de junio 2016, 09:55
Los Pichis son una multitudinaria familia bilbaína, radicada en el barrio de Ollerías de esa villa vizcaína, protagonista de numerosos conflictos de inseguridad ciudadana, líos callejeros y protestas vecinales. Se quejan por ese vecindario de que su presencia, vinculada a ese historial rico en delitos, ... genera un deterioro de la convivencia que las autoridades deberían resolver. Nada nuevo bajo el sol de España, con perdón: incidentes de ese tenor se reproducen con frecuencia por el suelo patrio, con intervención policial y protagonismo final de los dirigentes que hasta que no brotan las pelotas de goma no se dan por enteradas.
La novedad absoluta de este tumultuoso episodio recién acaecido por Bilbao, y todavía pendiente de una solución definitiva, es que las pesquisas alrededor de la familia así apodada (los Pichis) han desvelado que en ese hogar entran cada mes 3.000 euros. Se ignora el reparto ulterior, pero tres mil son muchos euros.. sobre todo si como es el caso resulta que esos tres mil euros salen de los mismos bolsillos de los ciudadanos que salen a la calle a protestar. Sí, porque es una cantidad nacida de las distintas aportaciones por ayudas de todo tipo (públicas, por supuesto) que los distintos miembros de esta conflictiva prole reúnen cada mes.
Una mención que resulta pertinente desde una óptica riojana. En el Parlamento regional se impulsa, desde los días previos a la campaña electoral en curso, una especie de ayuda universal llamada renta ciudadana que nace precisamente para socorrer a quien menos tiene. Lo cual sólo puede merecer reconocimiento unánime salvo que semejante aportación del gasto público acabe por consagrar un modelo bastante perverso de atención a los más desfavorecidos de la sociedad. ¿Un sueldo a cambio de qué? Los distintos borradores de la ley que se anuncia no lo aclaran lo suficiente.
El infierno, ya se sabe, está empedrado de buenas intenciones. La renta ciudadana amenaza con incorporarse a ese catálogo: una buena iniciativa, desbordante de solidaridad, que puede desembocar en la creación a nuestro alrededor de unos cuantos Pichis a la riojana. La lucha contra la desigualdad, el combate de la pobreza, es un capítulo especialmente delicado de la gestion pública. El economista Martin Ravallion, que recibe este martes en Madrid el premio de la Fundación BBVA por sus aportaciones a la cooperación al desarrollo, alerta en una entrevista reciente de que "el elevado índice de desigualdad está destruyendo oportunidades económicas". Y añade: "La clase media se queda atrás y no reducimos los niveles de pobreza". Desoladora conclusión, que incluye alguna luz: la opción de percibir esa batalla en términos que escapan del debate puramente económico. Por ejemplo, recordando como subraya Ravallion que la esperanza de vida en Estados Unidos abre una brecha de 15 años entre los ricos y los pobres. Un dato que Ravallion apuntala con un torpedo contra la línea de flotación de ideas como la mencionada renta ciudadana: "Si combinas todas las políticas sociales, acabas con una tasa de impuestos que grava a las personas más desfavorecidas". La cruel paradoja que siempre encierra batallar contra la desigualdad.
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