El 'negocio' de las elecciones

Pero la influencia de las urnas sobre la salud de las cuentas de los partidos tiene varias capas o derivadas. La primera es el balance económico de los propios procesos electorales, sean europeos, municipales, autonómicos o nacionales, como ahora ocurrirá con las generales del 26 de junio. El gasto de las campañas electorales, como regla general, lo sufragan las administraciones públicas, pero para que los partidos puedan recuperar todo o al menos parte de lo gastado tienen, como mínimo, que lograr representación parlamentaria.

De no lograrlo no verán un euro de subvenciones para amortizar su desembolso en mítines, carteles, buzoneo de papeletas u otras actividades. El Estado no paga a los partidos ni un euro más de los gastos que legalmente puedan justificar, pero además la cantidad máxima que recibirán de subvención dependerá de los diputados y senadores (21.167 euros por cada representante) que obtengan y de los votos que reciban (0,81 euros por papeleta al Congreso y 0,32 por la del Senado). De igual manera, también financia el coste del buzoneo de las papeletas electorales a los domicilios, pero para poder compensar el desembolso en 'mailing' además de entrar en las Cortes hay que lograr formar grupo parlamentario para lo que se requiere un mínimo de cinco diputados y de un 5% de los votos nacionales o del 15% en las circunscripciones en que se presenten.

Los partidos que hacen presupuestos de campaña conservadores, con montantes inferiores o ajustados a los resultados que van a obtener, acaban recibiendo del Estado hasta el último euro. Los que no, amplían sus deudas. Como casos ilustrativos del error de cálculo el pasado 20-D están entre otros UPyD, que no obtuvo representación y dejó en números rojos los 220.000 euros que se había gastado; el PSOE que, según sus propias cuentas, no cubrió con las subvenciones unos 740.000 euros de gastos de campaña por su fuerte caída; y, sobre todo, IU, que ni cubrió gastos ni, al quedarse sin grupo, cobró por el 'mailing', lo que le originó un agujero de unos 1,8 millones a sumar a los aproximadamente ocho que ya debía a los bancos por anteriores pinchazos electorales. Créditos y deudasLa mayoría de las fuerzas políticas pasan antes de cada convocatoria electoral por la ventanilla de los bancos.

Entre los grandes, solo Unidos Podemos se ahorra este trámite porque se financia con 'crowdfunding', una colecta colectiva entre simpatizantes a devolver después de los comicios. Las entidades financieras, generosas en el pasado, se han vuelto más restrictivas, nada raro porque así sucede con todos sus clientes. Los bancos se mueven con informes propios y encuestas para determinar las expectativas electorales de cada partido y en función de ellas fijan las condiciones crediticias; a mejores perspectivas términos más favorables, pero sin son malas los préstamos son más caros. El negocio de la banca de toda la vida, y los partidos no son una excepción. Un buen resultado en las urnas permite no pasar apuros para devolver el dinero, pero si no se cumplen las previsiones llegan las deudas, las renegociaciones de los créditos. Las condonaciones, acordadas en el pasado entre acreedor y deudor, ya no se contemplan. La coalición de Alberto Garzón es la que presenta una peor salud financiera por la fuerte deuda acumulada con los bancos, cercana a los diez millones de euros.

Menos subvenciones

Pero los resultados en las generales tienen una segunda derivada, trascendental para las cuentas y la supervivencia de las formaciones. En aplicación de la ley de financiación de partidos, las siglas con presencia en Congreso cobran cada año una importante subvención para cubrir los gastos de funcionamiento de sus estructuras. Esta ayuda, nuevamente, está condicionada al éxito o fracaso en las elecciones, pues se calcula para toda la legislatura con los votos y escaños obtenidos en cada contienda. Las mejoras o patinazos en las urnas condicionan las posibilidades de expansión de las formaciones o, por el contrario, provocan su asfixia financiera.Es el caso de las subvenciones para 2016 que aprobó el Gobierno en febrero con los datos del 20-D.

Los dos grandes han tenido que diseñar programas de reducción de plantillas, e incluso ventas de inmuebles, debió a sus notables retrocesos. El PP cobrará 15,3 millones, nueve menos que los que percibía desde 2012 debido a la pérdida de 63 diputados y a la fuga de 3,5 millones de votos. El PSOE, con 20 escaños y dos millones de sufragios menos, verá colar cuatro millones de ayuda. Por el contrario, Podemos y Ciudadanos, nuevos en el Congreso, pasan de cero euros a 10,8 millones el primero, si se incluye sus convergencias, y a 7,1 millones el segundo. La factura vuelven también a pagarla los pequeños con mal resultado. IU perderá casi un millón anual, al pasar de once diputados a dos, y UPyD, ya extraparlamentaria, no recibirá un euro tras haber cobrado 1,98 millones anuales en la última legislatura.