A Oriol Pujol ya no le defienden ni en CDC

La Fiscalía Anticorrupción pidió cinco años y dos meses de cárcel para Oriol Pujol por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, por usar sus cargos políticos para favorecer intereses privados, y a partir de ahí se agotó el crédito que el partido tenía con el único hijo de Pujol que hizo carrera política. "Estoy cabreado y decepcionado" con Oriol Pujol por no contar toda la verdad, dijo el candidato convergente al Congreso, Francesc Homs, después del demoledor escrito de la Fiscalía, en el que solicitaba la apertura de juicio oral. Oriol Pujol está acusado de cobrar comisiones, a través de su esposa, a cambio de utilizar su influencia política para favorecer empresarios amigos y también está implicado en el presunto intento de amaño de una adjudicación de estaciones de ITV en Cataluña.

El 19 de marzo de 2013, un año después de que se publicara un informe de la Agencia Tributaria, Oriol Pujol fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de tráfico de influencias. Entonces era el número dos de Convergència y además diputado autonómico. El tribunal le acusó de "coordinar, dirigir y dar el apoyo necesario desde una vertiente política" a los otros imputados en la trama: los empresarios Sergi Alsina, Sergio Pastor y Ricard Puignou y el excargo político Josep Tous.

Un año después renunció a su escaño y abandonó la secretaría general del partido, de la que ya se había apartado de manera temporal. Dijo que lo hacía para poder defenderse mejor de las acusaciones. Pujol siempre ha mantenido que es inocente y que su imputación no se habría producido si la Generalitat no hubiera puesto en marcha el proceso hacia la independencia. Como ya hizo su padre en 1984, con el caso Banca Catalana, el exdirigente nacionalista situó el proceso judicial como un ataque del Estado a Cataluña y en este caso al proyecto soberanista. Sin embargo, tras cerrarse la investigación, en noviembre de 2015 vino a reconocer parte de los hechos que se le imputan, ya que inició una negociación (que no ha concluido) con la Fiscalía para rebajar una posible condena y exculpar a su mujer, que también está imputada.

En cualquier caso, como consecuencia del caso ITV, CDC lleva tres años sin secretario general y esta es una de las causas, como todas las que implican a la familia Pujol, que han obligado al partido a acometer una profunda renovación interna, hasta el punto que CDC celebrará entre el 8 y el 10 de julio el congreso que supondrá su defunción como formación política, que dará paso a una nueva.