La formación, 'el negocio del siglo' para la Junta

La juez Alaya abrió por tanto otra pieza separada. De forma paralela, la Fiscalía Anticorrupción inició diligencias en todas las provincias andaluzas a raíz de una denuncia de la Tesorería de la Seguridad Social tras el fraude registrado en diversas empresas vinculadas a estos cursos.

La investigación desveló numerosas irregularidades, como cursos que no se impartieron nunca, listas de alumnos falseadas, incumplimiento de los compromisos de contratación, empresas creadas ad hoc para cobrar las subvenciones y desaparecer después o sueldos a profesores que tenían que ser devueltos a la empresa. Están siendo investigados tres consejeros andaluces de Empleo entre 2004 y 2013, siete exdelegados provinciales de Empleo y varios directores generales y directivos de consorcios de formación financiados por la propia Junta. También se investiga a otro empresario, consejero andaluz de Hacienda entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda, cuyo entramado de empresas de formación recibió hasta 50 millones de euros en ayudas. La causa también está dividida en varias piezas, entre ellas la referida a la fundación pública Faffe, creada por la Junta en 2003 y absorbida a final de 2011 por el SAE (Inem andaluz), que recibió pero no justificó dos subvenciones por 49 millones. En total hay 196 imputados.

La Junta de Andalucía inició en 2013 una revisión de oficio de todas las ayudas concedidas entre 2007 y 2011 y reclama ya en firme 90 millones de euros por ayudas sin justificar debidamente, y otros 51 millones se encuentran en fase de alegaciones. Solo se han recuperado 3 millones.