Una ley electoral superada por la realidad

El esquema, planteado con suficiente sutileza como para que los partidos de la oposición y fundamentalmente el PSOE, acabaran aceptándolo, condujo a más de treinta años de bipartidismo porque tenía, y sigue teniendo, un sesgo mayoritario, es decir, busca la sobrerrepresentación de los partidos más votados respecto a los minoritarios, pero también permite una presencia, hasta ahora determinante, de las fuerzas regionalistas y nacionalistas. Una de sus claves es que establece que la circunscripción electoral es la provincia y cada una de ellas elige como mínimo a dos de los 350 diputados que tiene el Congreso, pero la cifra aumenta en función de la población.

En la práctica, eso lleva a que no todos los votos tengan el mismo valor. Por ejemplo, un escaño por Barcelona, una de las provincias más pobladas, cuesta en torno a 129.255 votos mientras que uno por Guadalajara solo necesita unos 25.600. Es decir, que hay una infrarrepresentación de las provincias más pobladas (que también suelen ser las más prorreforma y más permeables a los cambios) respecto a las menos pobladas. Pero el modelo genera otro efecto y es que crea tres subsistemas electorales: en las provincias grandes, de diez escaños o más, el reparto de diputados es proporcional; en las pequeñas, de uno a cinco, favorece claramente a los mayoritarios, y en las medianas hay una proporcionalidad imperfecta.

En resumidas cuentas, que hay un buen número de votos de los terceros y cuartos partidos en el ámbito nacional que van a la 'basura', porque, en las provincias pequeñas (todas las de Castilla y León y casi todas las de Castilla-La Mancha, salvo Toledo, pero también Huesca, Teruel o Badajoz), solo obtienen escaño quienes superan entre el 16% y el 19% del voto y, en las medianas (Cádiz, La Coruña, Zaragoza, Tarragona), quienes superan el listón del 9% o el 11%. Sólo en las siete provincias que reparten diez o más escaños (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante y Murcia) es efectivo el umbral del 3% fijado en la ley como mínimo para obtener representación en las Cortes.

Precios distintos

Todo lo anterior explica que, en 2011, con un porcentaje similar de votos (4,7% frente a 4,17) UPyD obtuviera cinco diputados y CiU, 16. O que al partido de Rosa Díez, con mayor penetración en las grandes ciudades pero escasa implantación rural, el diputado le saliera a 228.048 papeletas mientas que el PSOE necesitó de media 63.399 y el PP, todavía menos, 58.230. La otra gran perjudicada ha sido históricamente, como tercera fuerza, Izquierda Unida. En las últimas generales cada escaño le costó en torno a 152.000 votos.

Los sondeos publicados estos días ponen también en evidencia la penalización que sufrirán tanto Ciudadanos como Podemos, partidos que tienen mayor éxito entre los electores jóvenes y urbanos. El que quede cuarto será el peor parado. El CIS preelectoral, por ejemplo, otorga entre 45 y 47 escaños a la formación de Pablo Iglesias, a la que atribuye poco menos del 16% (si se tiene en cuenta las coaliciones con las que se presenta en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia) y entre 63 y 66 al de Albert Rivera, a pesar de estimar que está, con un 19% de voto, a menos de dos puntos del PSOE, al que da una horquilla de entre 77 y 89.

No es de extrañar, pues, que mientras los populares se limitan a llevar en su programa para las generales una propuesta de reforma para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada y los socialistas proponen listas de partido cerradas pero desbloqueadas (para que los votantes puedan decidir si ponen por delante a un aspirante a diputado o a otro), los dos emergentes quieran cambiar el tamaño de la circunscripción. Podemos pretende que sea la comunidad autónoma y solo con eso ya se ganaría proporcionalidad. Ciudadanos apuesta por el modelo alemán: la mitad de los diputados elegidos en distritos que repartan un solo escaño cada uno y estén formados por 230.000 personas y, la otra mitad, en una circunscripción única que abarcaría toda España.