Cambio de parejas

Siempre que no haya novedades y Ciudadanos y/o Podemos desplacen al PSOE como segunda fuerza, los partidos de Albert Rivera y Pablo Iglesias están destinados a ser los respaldos de PP y PSOE para la próxima legislatura. Siempre y cuando, hay que insistir, que los dos grandes mantengan su condición de tales. Ese papel ha estado reservado desde mediados de los noventa a la hoy desaparecida CiU y al PNV, que han socorrido al gobierno de turno de PP y PSOE a precios a veces desorbitados.

Entre ambas formaciones nacionalistas han sumado desde 1977 en torno al 5% o poco más de los votos y en sus mejores momentos apenas superaron la veintena de escaños en el Congreso. Así ocurrió en 1993 y 1996, última legislatura de Felipe González y primera de José María Aznar, en las que fueron piezas clave. Tanto el socialista como el popular ganaron sin mayoría absoluta y se aseguraron la estabilidad gracias a los diputados nacionalistas. Nada fue gratis, ni mucho menos. Las facturas fueron de caviar. «Un chantaje», según muchos en el PSOE y en el PP.

Euskadi, por citar una contrapartida, se aseguró el Concierto Económico de por vida, y Cataluña logró la desaparición de los gobernadores civiles y que los Mossos dEsquadra sean un policía integral. Amén de ser los pioneros en asumir competencias.

González y Aznar buscaron sin éxito la incorporación de CiU y PNV al Gobierno para que el día a día parlamentario no estuviera al albur de los intereses nacionalistas. Las carteras de Asuntos Exteriores y Fomento fueron la moneda de cambio, pero ni Jordi Pujol ni Xabier Arzalluz dieron en aquellos momentos su placet. Con José Luis Rodríguez Zapatero se volvió a repetir la historia con un nuevo invitado, Esquerra Republicana. El socialista optó por un discutido acuerdo de geometría variable, hoy contigo mañana sin ti pero con otro. La mayoría absoluta de Mariano Rajoy hizo innecesarias esas alianzas.

Dinámica sin fin

La aparición en escena de Ciudadanos y Podemos va a enterrar esa fórmula de colaboración nacionalista. «Eso es bueno porque lo que hemos vivido hasta ahora era una dinámica que no tenía fin», apunta José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la UNED.

Las muletas para gobernar ya no serán los nacionalistas; estarán ahí, pero su capacidad de presión será muy baja. El PNV quiere contar y arguye que es un partido «necesario para un proyecto de Estado», en palabras del presidente de ese partido, Andoni Ortuzar, referidas a la muy probable reforma constitucional que viene. No está nada claro lo que hará Convergència porque mientras su número uno, Francesc Homs, dice que va a Madrid a «negociar la independencia», Artur Mas mantiene que quieren estar presentes en la reforma de la Carta Magna.

Pero, aunque quieran, sus apoyos van a ser prescindibles para el candidato que gobierne tras el 20-D. Torreblanca subraya que «por primera vez vamos a tener dos muletas de gobierno que no tienen una dimensión nacionalista». Una premisa cierta con Ciudadanos pero discutible con Podemos, un partido que defiende el derecho de autodeterminación y que deberá pagar muchos peajes territoriales a sus aliados soberanistas en Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra.

El paisaje parlamentario, por tanto, va a ser muy distinto. El Gobierno, el que sea, no va a depender de las veleidades de un pequeño grupo de diputados dirigidos desde de Bilbao o Barcelona. Tendrá otras complejidades, pero no el pago de las demandas nacionalistas. «Iremos a un periodo de mayor estabilidad competencial y se podrán fijar los límites de la descentralización», resume el profesor de la UNED.

Un cambio que no será baladí por el momento de pulsión independentista que vive Cataluña, y que está larvado en el País Vasco.