El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Reformas de calado en Justicia para salir del atolladero

El PP propone más cambios; el PSOE, quitar la ‘ley mordaza’; C’s, suprimir el CGPJ; y Podemos, otro sistema de elección

Mateo Balín

Viernes, 11 de diciembre 2015, 10:09

El ámbito de la Justicia ha jugado un papel protagonista y polémico en la legislatura que concluye. Los problemas endémicos de la administración, la agenda reformista del Gobierno, los conflictos generados con los sectores profesionales y la judicialización de la política a cuenta de los ... casos de corrupción, que sobre todo han acechado al PP, han dirigido el foco público hacia el mundo judicial como nunca antes había ocurrido.

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Con este marco, no es extraño que los principales partidos hayan puesto especial interés en atraer a potenciales votantes con una batería de propuestas programáticas en materia de Justicia.

El PP ha apostado por desarrollar y dar continuidad a las profundas reformas aprobadas en estos cuatro años con evidente coste electoral -le costó el puesto al exministro del ramo Alberto Ruiz-Gallardón por la reforma de la ley del aborto-. Los puntos fuertes estarán en la búsqueda de la agilización de la respuesta judicial, el papel cero en los juzgados o los retoques en la recién aprobado Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para dar mayor autonomía a la Fiscalía.

El PSOE quiere deshacer parte del camino andado por el Ejecutivo del PP en leyes como la Seguridad Ciudadana, la prisión permanente revisable en el Código Penal o las tasas judiciales a las empresas. Sus promesas son una nueva organización territorial de la planta judicial o la cesión a los fiscales de la instrucción procesal.

Ciudadanos apuesta por la supresión del Consejo General del Poder Judicial para transferir sus funciones al presidente del Tribunal Supremo. Además, ha puesto el foco en el sistema de nombramientos de la carrera judicial y fiscal.

Podemos también propone modificar este modelo de elección o suprirmir los plazos impuestos para la investigación penal en la nueva Lecrim.

Lo que propone el PP

Código Procesal Penal. Agilizar: Reformas parciales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilicen los tiempos de la Justicia, reforzar las garantías procesales y adaptarse a las nuevas realidades sociales. Fortalecer la figura del Ministerio Fiscal, ampliando su papel en el proceso judicial.

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Fiscalía. Nuevos órganos: Desarrollar fiscalías especializadas en aquellos ámbitos que despiertan mayor preocupación social, como en los casos de la protección de personas con discapacidad, propiedad intelectual o la sustracción de bebés.

Registro Civil. Gestión: Nuevo modelo público y gratuito basado en un sistema de gestión moderno para facilitar los trámites a los ciudadanos y mejorar su accesibilidad para todo tipo de gestiones, como ya sucede con las partidas de nacimiento hospitalarias.

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Deshaucios. Novedades: Reformas para lograr mayor seguridad jurídica y claridad normativa. Se creará un título dedicado a los juicios de desahucios arrendaticios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, poniendo fin a la dispersión de las normas en esta materia. Se incrementará el control de las cláusulas abusivas.

Derecho de Defensa. Norma: Ley orgánica para mejorar su regulación y reforzar otros derechos y obligaciones conexos, como la formación, la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente o la inviolabilidad de las comunicaciones.

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Sede judicial electrónica. Rapidez: El sistema de gestión procesal integrado o las comunicaciones telemáticas son reformas en marcha con un objetivo marcado en la Ley de Enjuiciamiento Civil: el 1 de enero, papel cero.

Lo que propone el PSOE

Código Penal. Cambios: Plantea una revisión urgente del texto punitivo para garantizar los principios del Derecho Penal democrático. Derogación de la prisión permanente revisable para los delitos graves.

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Ley de Seguridad Ciudadana. 'Mordaza: Eliminación y revisión urgente de las sanciones que esta norma ha gravado y el mecanismo de desjudicialización que ha introducido.

Delitos económicos. Dureza: Revisar los tipos e incrementar las penas de los delitos contra la hacienda pública, ordenación del territorio, medio ambiente y urbanismo.

LOPJ. Reinstaurar: Recuperar el principio de jurisdicción universal, suprimir las tasas a las empresas, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y las funciones del Consejo del Poder Judicial.

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Código del Consumo. Revisión: Reglamento para proteger al consumidor, modificar la normativa de cláusulas y préstamos abusivos, eliminar cláusulas suelo y juicios rápidos para fraudes menores a 6.000 euros.

Planta judicial. Organización: Nuevo modelo territorial de los partidos judiciales y crear tribunales de instancia en sustitución de los juzgados unipersonales actuales.

Lecrim. Instrucción: Ley que garantice la dirección de la instrucción del proceso penal a los fiscales y reformar su estatuto orgánico para reforzar su autonomía.

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Menores. Control: Crear un centro nacional de menores desaparecidos por secuestros, abusos o explotación para centralizar toda la ayuda en este nuevo órgano.

Lo que propone Ciudadanos

CGPJ. Supresión: Eliminación del Consejo General del Poder Judicial. Mérito y capacidad, así como ausencia de discrecionalidad en los nombramientos de jueces. Supresión de la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados. Limitación de puertas giratorias entre justicia y política (dos años mínimo de excedencia).

Fiscalía. Autonomía: El procedimiento para nombrar al fiscal general deberá estar regulado en la Constitución. Se realizará un proceso abierto, se exigirán 20 años de ejercicio y no tener vínculos políticos. El Congreso seleccionará una terna por mayoría reforzada y el Gobierno elegirá.

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Tribunal Constitucional. Cambios: Se modifica el artículo 179 de la Constitución. Se exigirán 25 años de ejercicio profesional y se establecerá un sistema de incompatibilidades, como haber desempeñado cargos orgánicos en un partido o cargos representativos o ejecutivos en parlamentos o gobiernos durante los cinco años anteriores. Los mandatos serán de 12 años, se fijará la jubilación a los 75 y la renovación parcial será cada cuatro años.

Ley del indulto. Desarrollo: Reforma para dar audiencia a las víctimas, no cabrá la amnistía cuando los informes técnicos o el criterio del tribunal sentenciador sean desfavorables. Asimismo, no será posible indultar a condenados por delitos de corrupción o contra la administración ni por violencia de género.

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Sentencias. Agilidad: Las dudas de inconstitucionalidad en los conflictos de competencia no pueden dilatarse y en caso de afectar a derechos fundamentales su resolución no puede superar los 90 días.

Lo que propone Podemos

CGPJ. Elección directa: Mantiene sus competencias, pero introduce la elección directa ciudadana de 15 vocales, que deberán tener diez años de experiencia y ser avalados por asociaciones o sindicatos. Un órgano colegiado del Congreso regulará el sistema final de elección.

Fiscalía. Reforma: Revisión del sistema de nombramiento del fiscal general, cambio del estatuto orgánico para dar más autonomía, independencia presupuestaria y transparencia, reorganización orgánica y democratización de nombramientos por mérito y capacidad.

Ley de Seguridad Ciudadana. 'Mordaza: Derogación y establecimiento de una legislación que facilite el ejercicio de derechos fundamentales. Eliminación de las sanciones administrativas sin más restricción que los ilícitos recogidos en el Código Penal.

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Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cambios: Supresión de la limitación de los plazos de instrucción en los procesos penales y regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Multas. Progresivas: Creación de un sistema de pago de sanciones administrativas y multas en proporción a la renta de la persona sancionada.

Código Penal. Cannabis: Despenalización del cultivo y tenencia a nivel personal y colectivo. Regulación de la actividad de los clubes privados y de la producción, distribución y consumo.

Estatuto de la Víctima. Franquismo: Crea una secretaría de Estado que trabaje en la memoria, verdad y justicia de las víctimas y reinstaurar la jurisdicción universal.

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