Martínez-Aldama quiere que se conozcan los nombres de defraudadores riojanos

Martínez-Aldama ha presentado las propuestas socialistas ante las elecciones generales del próximo día 20 en materia de lucha contra el fraude fiscal y la reforma impositiva.

Ha criticado la amnistía fiscal planteada por el Gobierno central del PP, que permitió "blanquear dinero procedente, inclusive, del delito de tráfico de seres humanos, de la droga y de la prostitución", lo que ha calificado de "indecente".

Su deseo, al formular las preguntas en el Senado, era conocer el nombre de los "defraudadores", en España y en La Rioja, acogidos a esta amnistía fiscal porque "tenemos derecho a conocerlos", pero cree que es un "atropello" que, tras tres años, no se le hayan facilitado estos datos.

"Viendo lo que ha pasado, uno puede pensar que, quizá, no quieran (el PP) que se conozcan, no sea que aparezca en ese listado el donante o donantes que pagaron en "b" parte de la sede del PP de La Rioja", ha afirmado.

Los delitos fiscales pasen a ser graves

Para él, "hay que hacer frente al fraude fiscal en España, es un problema serio" y "darle una vuelta a la tributación" para que tribute más quien más tiene y más gana.

Ha explicado que lo que hace el Gobierno del PP de La Rioja, que "alardea de bajar los impuestos", es bajar un punto el IRPF a 120.000 riojanos, con lo que deja de recaudar 4,5 millones de euros y supone un ahorro medio de 35 euros a cada uno de esas personas.

Sin embargo, bonifica el 50 por ciento el impuesto de patrimonio de los 2.000 riojanos "más pudientes", a los que permite ahorrarse 3.500 euros, ha subrayado.

Entre las propuestas del PSOE ha citado las de incrementar en 5.000 empleos públicos la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal; destinar parte de la cantidad que se recaude en esta materia a luchar contra el fraude y revisar el régimen de estimación objetiva para minimizar el fraude fiscal.

A ello ha sumado modificar el artículo 305 del Código Penal para que los delitos fiscales sean considerados como graves, con penas de prisión de entre dos y seis años y la prescripción de diez años; y la creación de juzgados especializados en delitos económicos, fraude fiscal y fraude a la Seguridad Social.

Martínez-Aldama ha citado la necesidad de elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida; medidas para que los ciudadanos cumplan voluntariamente con sus obligaciones fiscales y el firme compromiso de no aprobar ninguna nueva amnistía fiscal, lo que debería incluirse en una próxima reforma constitucional.

Cominsión de expertos

También se ha referido a la descoordinación que existe en los impuestos de sociedades, patrimonio e IRPF, que impide que se pueda gravar adecuadamente la riqueza.

Ante ello, el PSOE propone que una comisión de expertos determine, en el plazo de seis meses, cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación, con el fin de que entre en vigor en los presupuestos del Estado de 2017.

Y mientras tanto, establecer un mínimo común en todos el territorios en materia de sucesiones y patrimonio para evitar, en la práctica, el "vaciamiento" de estos impuestos.

Reforzar el impuesto de sociedades para elevar la recaudación, el reducir el tipo del IVA cultural del 21 % actual al 10 %, la puesta en marcha de un impuesto sobre tasaciones financieras e impulsar una fiscalidad ambiental "adecuada y correcta" son otras de sus propuestas.