La legislatura de los recortes, la corrupción y Cataluña

El 30 de diciembre de ese año, el Consejo de Ministros, reunido por segunda vez, dio la espalda a las promesas electorales del PP y aprobó una subida del IRPF, del IBI y un recorte del gasto público cifrado en 8.900 millones de euros. Cada decisión estuvo dirigida en aquel primer momento a aliviar las presiones que llegaban desde Alemania y Rajoy no tardó en colgarse la medalla de haber frenado una intervención de Bruselas, que salió sin embargo al rescate del sector financiero. Para entonces, la valoración del Gobierno caía ya en el CIS y él acabaría convertido en el presidente menos apreciado de la democracia. Más aún cuando en 2013 el desempleo alcanzó la cifra de 6.200.000 parados. Pero poco le importaron las críticas a un jefe del Ejecutivo convencido de que la perseverancia llevaría al cambio de tendencia un año después.

Muchas veces su cerrazón se tradujo en soberbia en el Parlamento, y el rodillo de la mayoría absoluta se llevó por delante el consenso y el «diálogo sin cansancio» que Rajoy había garantizado en su investidura. Un tercio de los proyectos legislativos del Gobierno se aprobaron por real decreto, apenas CiU respaldó reformas tan controvertidas como la laboral, y el pacto contra el yihadismo firmado con el PSOE sorprendió en un desierto de acuerdos.

Un solo Gobierno

Los casos Gürtel, Bárcenas, Púnica y Rato dinamitaron incluso la posibilidad de acordar el paquete de lucha contra la corrupción, la lacra que hizo saltar por lo aires la credibilidad de los populares. El presidente que había prometido «llamar al pan, pan, y al vino, vino» tardó en reaccionar en la gestión de los escándalos, y terminó pidiendo disculpas por confiar en quien no debía. En el PP se censura, sin embargo, que no supiera ver que la formación había quedado abandonada a su suerte bajo la cuestionada administración de su secretaria general y debido a la reticencia de Rajoy a acometer cambios. De hecho, en el Gobierno dos de los cuatro relevos se produjeron por causa mayor: la dimisión de Ana Mato, por Gürtel, y de Alberto Ruiz Gallardón, desautorizado en la reforma del aborto.

Pero la última preocupación de Rajoy ha sido el secesionismo catalán. Y en este punto es inasequible al desaliento. El presidente se enorgullece de la firmeza ante las pretensiones de Artur Mas, y cuatro años después de llegar al poder concluye que su negativa a negociar sobre la estructura del Estado, los logros económicos y las medidas de prevención de la corrupción constituyen el «balance positivo» de su mandato.